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SUSCRIBITEEduardo Varela fue atrapado en pleno intento de robo gracias a la intervención de la empleada y de personas que estaban en la zona. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y derivó en una condena unificada de más de tres años de prisión efectiva, con declaración de reincidencia.
El intento de robo en un kiosco de la localidad de Quinto Cuartel, en Pocito, terminó con una nueva condena para Eduardo Maximiliano Varela, un exempleado del IPV que había sido condenado por estafas. Este miércoles se conoció que la Justicia resolvió el caso mediante un juicio abreviado y dispuso una pena de prisión efectiva que supera los tres años.
Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2025, alrededor de las 4:30, en un comercio ubicado sobre calle 11, entre Independencia y Florida. De acuerdo a la investigación, Varela ingresó al local con casco, simuló realizar una compra y, en un descuido de la empleada, intentó sustraer dinero que se encontraba en una caja detrás del mostrador.
La maniobra fue advertida por la trabajadora y por personas que se encontraban en la zona, quienes intervinieron rápidamente y lograron reducir al sospechoso. Durante el forcejeo se produjo la rotura del mostrador de vidrio del comercio, mientras el acusado era retenido en la vereda hasta la llegada de la policía.
Minutos después, personal de la Unidad Operativa Quinto Cuartel arribó al lugar tras un llamado al 911 y procedió a la aprehensión del imputado, quien fue identificado como Eduardo Maximiliano Varela. Todo el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes fueron incorporadas a la causa.
Tras el avance de la investigación, la Justicia resolvió condenarlo por el delito de robo en grado de tentativa. En el marco del juicio abreviado, se le impuso una pena de cuatro meses de prisión efectiva, que fue unificada con una condena anterior, alcanzando una pena única de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, se declaró su reincidencia y se dispuso prisión preventiva.
El nombre de Varela ya había tomado notoriedad en el ámbito judicial en 2023, cuando fue acusado de estafar a 21 familias a las que les prometía el acceso a viviendas a cambio de dinero, mientras se desempeñaba como empleado del IPV. En aquella causa, admitió su responsabilidad penal en los hechos, que fueron calificados como estafa y otras figuras vinculadas al abuso de su función pública.