El juez cuestionado por el caso Mario Parisí rechazó la recusación en su contra

En una presentación que sorprendió a los defensores Fernando Castro y Nasser Uzair, el fiscal de CAVIG Roberto Ginsberg y la fiscal de Impugnación Silvina Geraduzzi indicaron que Benedicto Correa adelantó opinión en una resolución y, como consecuencia, dejó en evidencia que no podía ser imparcial frente a un tema pendiente a resolver. Es que había sido coincidente con una pretensión de la defensa y por ello lo cuestionaron.

En ese marco, el magistrado bajo la lupa rechazó la recusación que pretende apartar a Correa de la causa y sostuvo que, para que realmente se recuse a un juez, la circunstancia debe ser de gravedad, es decir, invocando un motivo serio y razonable de parcialidad; algo que a su entender no sucedió.

La autoridad de Impugnación, que ha tenido varias intervenciones claves en la causa cada vez que una resolución del juez de Garantías fue apelada, destacó que no existieron causales para la recusación y por tanto descartaba de plano la petición de la fiscalía.

Según informaron fuentes judiciales, quien fue sorteado para analizar a fondo el planteo de los fiscales, que desconfían del proceder de Correa, es la jueza de Impugnación Ana Lía Larrea. En sus manos estará la decisión de la continuidad de su colega y será quien analice las posturas enfrentadas.

Previamente, Correa, que debía definir si concedía o no la probation para el acusado, supeditó su decisión y ordenó el pronunciamiento de la jueza de Garantías. Fuentes allegadas señalaron que esa acción no cayó bien a la fiscalía, por entender que el tiempo se sigue consumiendo y por esa razón, al igual que los fundamentos hechos en su presentación, fue que lo recusaron.

Parisí, que fuera coordinador de Flagrancia y de la Unidad Conclusiva de Causas, pretende evitar un juicio y una posible condena. Por eso, sus defensores pelean hasta última instancia para conseguir esa resolución alternativa. En su propuesta, ofrece una reparación simbólica para la víctima y realizar trabajos comunitarios. Eso evitaría agotar el proceso, le pondría fin a la puja judicial y sus registros penales no quedarían manchados.

Sin embargo, la fiscalía se opone a ello desde el primer minuto, cuando se mostró inflexible, entendiendo que el caso resulta emblemático y que marca el rumbo de la política criminal del Ministerio Público; y eso es que aquellos que cometieron un delito de violencia de género no pueden ser beneficiados con la suspensión de juicio a prueba.