El empleado judicial que admitió filtrar información de una banda delictiva renunció a su cargo

Cabe destacar que, si sos agente público y cometes un delito cumpliendo sus funciones, la sanción es única: la cesantía. Por tal razón, se esperaba como posibilidad que este renunciara a su cargo, como pasó con otros funcionaros judiciales como Juan Pablo Ortega o el ex juez Flores.

Su audiencia, el pasado 29 de agosto, tomó un giro inesperado cuando Holeywell decidió aceptar los cargos. El empleado judicial llevaba años trabajando en tribunales y tenía acceso directo a información reservada sobre investigaciones y allanamientos, datos que utilizaba para alertar a los delincuentes, entorpeciendo operativos clave.

El caso salió a la luz tras una investigación de la UFI de Delitos contra la Propiedad sobre la banda de los “roba ruedas”. Durante escuchas telefónicas, se detectó la presencia de un “Adolfo” -apodado “veedor judicial”- que advertía a los sospechosos sobre los movimientos de la Justicia. Según el fiscal Adolfo Díaz, estas llamadas permitieron que Pablo Emmanuel Díaz, uno de los principales investigados, evadiera un allanamiento previsto para el 15 de mayo de 2025.

Ya el fiscal general subrogante, Daniel Galvani, había adelantado sobre el sumario administrativo contra el empleado judicial: “Se ha ordenado un sumario administrativo como consecuencia de los hechos que son de público conocimiento. Ya ha sido notificado el agente judicial”. Sobre las posibles sanciones, agregó: “La sanción, atento a lo que se disponga en el sumario, podría ser aplicada por el Ministerio Público o, en su caso, ser mucho más gravosa. En el caso de una cesantía, pasaría a decisión de la Corte”.