Después de que estallara el caso del empleado judicial acusado por cooperar con una banda delictiva y de que fuera condenado por encubrimiento, agravado por su condición de funcionario público, el tema sigue resonando en Tribunales porque la relación del agente público y la Administración Pública aún persiste. Sin embargo, el sumario administrativo que se inició en su contra avanza en tiempos récords, por lo que fuentes allegadas manifestaron que Adolfo Holeywell tendría sus días contados en el Poder Judicial y serían dos caminos los que le quedan por delante.
Es que luego de aceptar la comisión de delito, en el marco de un juicio abreviado, el sujeto que comandaba los allanamientos dentro de la UFI de Delitos contra la Propiedad debe responder por el incumplimiento de sus funciones como empleado técnico del Estado y, por tanto, sería castigado con la cesantía o la exoneración, esto último, como sucede en el caso de los policías.
Dentro de las sanciones posibles y previstas por el Estatuto del Empleado Judicial, especialistas en la materia marcaron que la cesantía sería la opción que podrían tomar las autoridades del Ministerio Público, pues representa la desvinculación del cargo por una falta grave. Ello podría encuadrar en la situación que encarna Holeywell.
Sin embargo, otras fuentes señalan que la sanción sería peor todavía, pues la falta grave es un delito y para ello está establecida la exoneración. Este tipo de castigos para los empleados de la Administración Pública suponen no sólo la desvinculación, sino también la inhabilitación para ocupar cargos públicos. De hecho, remarcaron que ante una acción dolosa de las características que asumió haber realizado el veedor judicial sólo hay lugar para la exoneración.
En ese caso, las fuentes explicaron que el procedimiento inicia con la suspensión preventiva del agente bajo la lupa y que, luego, continúa con su expulsión una vez que el fallo quede firme. Se estima, que esa sería la resolución de este caso, pues no apelaría la sentencia dictada por la jueza Gloria Verónica Chicón, que homologó el acuerdo de un año de prisión en suspenso, promovido entre los defensores del acusado y la fiscalía.
Por sus conocimientos en allanamientos y la experiencia que tenía en el campo, el empleado infiel tenía la misión de comandar ese tipo de procedimientos. Es por ello que tenía acceso a cierto tipo de información, sobre dónde serían los movimientos y contra quiénes estaban detrás. En ese marco, admitió haber informado a delincuentes sobre los movimientos que haría el Ministerio Público.
Se confirmó que usó los datos para favorecer a los ladrones que integraban la banda de los "roba ruedas", por lo que quien llegó detenido a la audiencia de formalización resultó condenado, aunque permanece en libertad.
