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SUSCRIBITELa mujer que quedó en la mira, Claudia Angélica Brizuela, cumplió con la conciliación de pagar $1.200.000 a la damnificada, Milagros Verónica Cortez. Esta semana, el juez le dictó el sobreseimiento total y definitivo de la causa.
La suboficial Claudia Brizuela.
Un juez dictó el sobreseimiento total de Claudia Angélica Brizuela, la instructora del Servicio Penitenciario Provincial que había sido acusada de exigir en exceso a una aspirante durante una práctica física, provocándole lesiones. La resolución se dio exactamente un año después del acuerdo de solución alternativa que cerró el proceso penal.
A doce meses de aquel episodio, el magistrado Federico Rodríguez resolvió el sobreseimiento definitivo de Brizuela, tras cumplirse el plazo de un año establecido en el acuerdo judicial. En octubre de 2024, la suboficial se había comprometido a indemnizar a la víctima, Milagros Verónica Cortez, con 1.200.000 pesos, suma que fue abonada en seis cuotas de 200.000 pesos. La salida alternativa fue acordada entre el fiscal Nicolás Schiattino y el abogado defensor Claudio Vera, con la intervención del querellante Omar Quiroga en representación de la joven damnificada.
El incidente que originó la causa ocurrió en mayo del 2024 durante un entrenamiento de los aspirantes que pretendían ingresar al Servicio Penitenciario Provincial, en el predio del penal de Chimbas. Durante una práctica física, Cortez sufrió un ataque de asma, pero la instructora insistió en que continuara con los ejercicios. Esa sobreexigencia derivó en una descompensación grave que obligó a internarla en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció diez días.
La denuncia fue radicada en la UFI de Delitos Especiales, desde donde se impulsó la investigación y se imputó a Brizuela por lesiones leves culposas. Si bien en un principio la instructora sostuvo que desconocía el cuadro de salud de la aspirante, más tarde admitió su responsabilidad en el hecho, aunque aclaró que nunca tuvo intención de dañar a la joven. Esa admisión de culpa permitió arribar al acuerdo conciliatorio que evitó la imposición de una condena penal.
Con el cumplimiento total del resarcimiento económico y transcurrido el año previsto por el acuerdo, el juez Rodríguez dictó el sobreseimiento definitivo, cerrando así la causa y exonerando a Brizuela de toda responsabilidad penal. La resolución marca el punto final de un caso que, en su momento, generó fuerte repercusión en el ámbito penitenciario y abrió el debate sobre los límites de las prácticas físicas en la formación de los futuros agentes.
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