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SUSCRIBITEEl reo asegura que le vendió un auto al jefe penitenciario, que no le pagó y que ahora lo amenaza. La denuncia llegó a las autoridades del penal de Chimbas y al Juzgado de Ejecución.
Imagen ilustrativa
A días nada más de que un preso denunciara a tres guardiacárceles por supuestas apremios y hostigamientos, un nuevo escándalo sacude al penal de Chimbas. Otro reo acusó a un jefe penitenciario de quedarse con un auto que le vendió y que jamás pagó. Esta nueva denuncia llegó a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial y al Juzgado de Ejecución, que tomaron medidas de protección en favor del interno porque éste asegura que teme represalias.
Este nuevo episodio involucra al alcaide mayor Gustavo Aballay, jefe de Infraestructura del SPP. El que lo denunció es el exempresario de transporte y productor José Armando Aranda, quien cumple múltiples condenas por violación, abuso de arma y narcotráfico. Las últimas condenas que recibió fueron de 18 años y 11 meses de cárcel y otra de 6 años –por la droga-, que aún no se unificaron, explicaron fuentes del caso.
Aranda pidió la intervención de las autoridades penitenciarias y de la jueza Lidia Reverendo, del Juzgado de Ejecución, en razón de que alegó que teme represalias por parte de Aballay. Lo más grave es que, además, puso en conocimiento de una presunta maniobra ilícita por medio de la cual el jefe guardiacárcel se apoderó de un auto Fiat Stilo de su propiedad.
Frente a esto, trasladaron al interno a la Comisaría 30ma para que realice la denuncia y este miércoles posiblemente sea entrevistado por la jueza Reverendo. Trascendió que tomarían medidas contra el jefe penitenciario para investigarlo internamente.
El caso es muy confuso, no se sabe cómo surgió la relación o que más hay entre ese preso y el oficial. Aranda denunció que hace 4 o 5 años le vendió ese Fiat Stilo a Aballay, pero nunca le entregó el dinero convenido, contó una fuente del caso. Otras versiones extraoficiales hablaban de que fue a cambio de protección. La versión es que el penitenciario posee la tarjeta verde del auto y Aranda aún conserva el resto de la documentación del coche.
Al parecer, el problema deriva de esa supuesta transacción comercial o del apoderamiento ilegal del vehículo y de los constantes reclamos del interno. Por otro lado, éste habría dicho que recibió presiones y tiene miedo de las posibles represalias del jefe penitenciario.
Este hecho se suma al que hizo público TIEMPO DE SAN JUAN el viernes pasado y que señalaba la denuncia del preso Lucas Suárez Garrido, un interno del pabellón 2 del Sector 4 que aseguró que sufría vejámenes y hostigamiento por parte de un oficial, otro penitenciario y una jefa del sector. Ese caso llegó a manos del juez Eugenio Barbera, quien dispuso que alojaran al reo en una comisaría de la Policía de San Juan, mientras que se abrió una investigación en la UFI Delitos Especiales. Personas allegadas a los penitenciarios consignaron que el interno es un conflictivo y están convencido que los denunció falsamente sólo para vengarse.
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