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SUSCRIBITEEl acusado es un chimbero que trabaja como jefe de cuadrillas, quien se separó de la mujer y desde el año pasado la amenaza y la hostiga a donde la ve.
Un hombre que se dedica a manejar cuadrillas de cosecha volvió a quedar entre las cuerdas y se salvó de que lo metieran preso en una causa penal en la que está imputado de amenazar en forma reiteradas a su exmujer y violar la orden judicial que le impedía acercársele. La damnificada es una joven venezolana que se vino a San Juan con el sueño de formar su hogar con este sujeto y ahora denuncia que vive hostigada por él desde que se separaron.
Daniel Alejandro Cortez, el imputado, ya afronta una causa penal por amenazas y hurto en perjuicio de su expareja desde julio del 2024. Lo que señalaron fue que el hombre se separó de su expareja, de nacional venezolana, y empezó a hacerle escenas de celos y amenazarla cada vez que la veía en la calle.
En ese momento le abrieron una causa penal en la UFI CAVIG y le impusieron medidas restrictivas, como la de no acercarse a la damnificada ni tomar contacto de ella por cualquier medio. Sin embargo, la mujer lo volvía a denunciar en el mismo organismo en estos últimos días cansada por el constante asedio del sujeto. La supuesta víctima aseguró que el hombre la cruzó por la calle los días 13 de noviembre pasado y el 22 de enero último y nuevamente la insultó y amenazó. Por esa razón la mujer vive atemorizada y hasta teme que un día la agreda físicamente.
Si bien no pidieron la detención de Cortez, este lunes fue citado a Tribunales y se presentó con la abogada María Filomena Noriega. La ayudante fiscal Yanina Márquez, por su parte, pidió una ampliación del objeto de la investigación en la causa contra el hombre, iniciada en julio, y le imputó otra vez los delitos de amenaza simple, dos hechos, y desobediencia judicial. Esto último por no cumplir la prohibición de acercamiento.
Cortez se abstuvo de declarar, mientras que el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli hizo lugar al pedido de la fiscalía del CAVIG en relación a las nuevas imputaciones. También dio cinco meses más de plazo para la ampliación de la investigación penal preparatoria. Y aunque ordenó que continúe en libertad, volvió a reiterar las medidas de prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la denunciante y dispuso que una vez por mes deberá presentarse a la comisaría de su zona, en Chimbas.
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