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SUSCRIBITELa maniobra, que incluía falsas empresas, procesos de selección simulados y pedidos de dinero a los postulantes, dejó decenas de denuncias en varias provincias y tuvo fuerte impacto en San Juan, donde cerca de 200 trabajadores aseguran haber sido engañados.
La investigación por las presuntas estafas con ofertas laborales en proyectos mineros comenzó a desentrañar un mecanismo que, según la Justicia, estaba cuidadosamente armado para resultar creíble. En el centro de la causa aparece Valeria Graciana Páez, detenida en Salta junto a su pareja, en un expediente que ya acumula decenas de denuncias, incluidas las de cientos de sanjuaninos.
De acuerdo con los investigadores, el esquema tenía una lógica precisa y se repetía en distintas provincias. Todo comenzaba con la difusión de convocatorias laborales vinculadas a la actividad minera, principalmente en yacimientos del norte del país. Las propuestas apuntaban a ingenieros, técnicos, topógrafos y obreros, con sueldos que, en algunos casos, prometían entre 3 y 4 millones de pesos y bajo régimen minero.
Para sostener esa primera instancia, los acusados habrían creado firmas sin respaldo legal, como Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, esta última con operaciones en San Juan. A través de estas estructuras, difundían avisos, contactaban postulantes y simulaban pertenecer a proyectos reales.
El siguiente paso era clave: el proceso de selección. Según surge de la causa, los aspirantes atravesaban entrevistas, contactos con supuestos profesionales de recursos humanos, evaluaciones médicas preocupacionales e incluso intercambios con abogados e ingenieros. Todo el circuito imitaba el funcionamiento de una contratación formal.
Con el correr de los días y una vez consolidada la confianza, aparecía el pedido de dinero. A los postulantes se les exigían sumas que iban desde los 200 mil hasta los 500 mil pesos, bajo distintos argumentos: trámites administrativos, gestiones sindicales, estudios médicos o incluso “multas” necesarias para acceder al puesto.
En muchos casos, las víctimas reunían el dinero y lo transferían a cuentas de terceros vinculados al grupo. Recién entonces, y tras las sucesivas postergaciones en las fechas de ingreso, comenzaban a surgir las sospechas.
En San Juan, el impacto fue significativo. A fines de febrero, un grupo cercano a los 200 trabajadores de la construcción se presentó en Tribunales para denunciar que habían sido convocados para trabajar en una mina de Jujuy. Según relataron, varios incluso dejaron sus empleos ante la expectativa de incorporarse al proyecto.
Sin embargo, tras reiteradas demoras, algunos decidieron comunicarse directamente con la empresa minera mencionada en la propuesta. Siempre de acuerdo a los testimonios, desde la firma les indicaron que no utilizaban ese tipo de intermediación ni tenían vínculo con los supuestos reclutadores.
Ese dato marcó un punto de quiebre. A partir de allí comenzaron a multiplicarse las denuncias, que luego se extendieron a otras provincias como Mendoza, Tucumán y Catamarca.
La causa, que se inició formalmente el 27 de febrero, avanzó con allanamientos simultáneos en Salta y derivó en la detención de los principales sospechosos. Además, se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias utilizadas en las maniobras, en un intento por preservar fondos y evitar nuevos movimientos.