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SUSCRIBITEDurante su alegato, el fiscal federal Francisco Maldonado reveló que un sector del sistema judicial local habría intervenido activamente para beneficiar a los principales acusados, vinculados con la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), entidad donde Tellechea realizaba auditorías antes de desaparecer.
Foto de archivo.
Novedades sobre el caso Raúl Tellechea. En el marco del histórico juicio por la desaparición del ingeniero, ocurrido hace más de dos décadas, el fiscal federal Francisco Maldonado solicitó la pena de prisión perpetua para los siete imputados y lanzó fuertes acusaciones contra integrantes del Poder Judicial sanjuanino.
Durante su alegato, Maldonado reveló que un sector del sistema judicial local habría intervenido activamente para beneficiar a los principales acusados, vinculados con la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), entidad donde Tellechea realizaba auditorías antes de desaparecer.
Según el fiscal, la maniobra incluyó el desplazamiento irregular de un perito judicial en una causa clave, que fue reemplazado por la contadora Paola Ginestar, quien habría elaborado un informe contable a favor de los imputados. Detrás de esta movida estarían el abogado César Oro -hermano de uno de los acusados y actual defensor oficial- y el funcionario judicial José Sánchez, quienes habrían coordinado acciones para desviar la investigación.
"Este caso no solo involucra a quienes ejecutaron la desaparición, sino también a quienes desde adentro del Estado facilitaron el encubrimiento", sostuvo Maldonado frente al tribunal, haciendo referencia a escuchas telefónicas que exponen el armado de la maniobra.
Los exdirectivos de la Mutual Luis Moyano, Eduardo Oro, Miguel Del Castillo, Luis Alonso y Carlos Flores, junto con dos exjefes policiales, enfrentan cargos por desaparición forzada agravada, encubrimiento y falsificación de pruebas. El fiscal aseguró que durante años se sostuvo intencionalmente la hipótesis de una supuesta fuga de Tellechea, basada en documentación manipulada.
La audiencia se convirtió en un punto de inflexión en el proceso judicial, no solo por el pedido de la pena máxima, sino por la gravedad de las acusaciones contra actores que, hasta ahora, habían estado al margen de los estrados. El caso, que conmovió a San Juan en 2004 y se mantuvo impune durante años, podría tener un giro determinante si se confirma la existencia de complicidad institucional.