El caso que tiene en la mira un alto funcionario judicial acusado por violencia de género, Mario Parisí, sumó un nuevo capítulo este miércoles por la mañana, quizás el más picante del proceso hasta el momento, cuando su defensa insistió con dos pedidos que fueron rechazados por la jueza de Garantías, Celia Maldonado.
El defensor Fernando Castro, que protagonizó un fuerte cruce con el fiscal Roberto Ginsberg, pretendía recuperar los 4.660 dólares que Parisí le entregó a la víctima, a través de sus amigos Juan Pablo Ortega y Jorge Luis Gil, para intentar persuadirla de no continuar con la denuncia penal en su contra.
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Para la defensa técnica, el dinero en moneda extranjera -que representa más de 2 millones de pesos argentinos- pertenece a una etapa de la instrucción que ya se resolvió, cuando los hombres cercanos al acusado fueron sobreseídos y desligados del proceso penal. Es por ello que sostenía que debía ser regresado, amparado en el derecho de propiedad.
Sin embargo, la magistrado rechazó la solicitud por considerar que el efectivo forma parte de una prueba de la causa y, por ende, quien tiene disponibilidad sobre el mismo es el Ministerio Público, el cual se oponía a devolverlos, al igual que la querella. Ambas partes señalaron que es un elemento para probar el contexto de violencia económica que Parisí ejercía con la víctima.
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El defensor Castro se paró de su lugar para mostrarle una notificación a la jueza y probar su postura, en una reñida pelea con el fiscal
Pese al tironeo del principio, el intercambio de opinión elevó sus niveles cuando el defensor Castro planteó que fiscalía quiso imponer nuevos plazos procesales, al momento que solicitó la audiencia de control de acusación y determinó un 'emplazamiento'.
No obstante, el funcionario del MPF aseguró que eso no era cierto y que, si afirmaba tal cuestión por un tecnicismo que se nombraba en la notificación ('emplazamiento'), debía ser un error administrativo de la Oficina Judicial. Como fue interrumpido en algunas ocasiones por el defensor, el fiscal se mostró molesto y le pidió a la jueza que lo dejaran continuar con su descargo.
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Finalmente, la magistrado rechazó el segundo pedido de la defensa de nulidad del proceso por considerar que sólo se trataba de una falla de la Oficina Judicial y además revirtió uno de los fundamentos de la defensa, la cual aseguraba que todavía no estaban dadas las condiciones para que se realizara la audiencia de control de acusación, es decir, un paso antes del juicio.
Maldonado entendió que la audiencia de control de acusación, que ya había iniciado en diciembre del año pasado pero que quedó suspendida por el juez Matías Parrón hasta tanto no se resolviera lo de la probation, debía retomarse. Es que explicó que el juez de Impugnación Benedicto Correa ya le había puesto punto final a la cuestión e incluso ella misma lo resolvió la semana anterior, cuando desestimó el pedido de probation de la defensa.
Aunque su señoría determinó un cuarto intermedio, con el objetivo de que los trámites administrativos se solucionen como corresponde, se estima que en las próximas semanas se ejecutará la última audiencia antes de que comiencen el juicio contra el funcionario acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el uso de arma blanca.