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SUSCRIBITE Este es el oftalmólogo, Oscar Kerman.
En el marco de la audiencia de control de acusación, la Fiscalía apuntó fuerte contra el médico oftalmólogo Oscar Kerman, acusado de abusar sexualmente de sus pacientes, para quien pidieron 5 años de prisión efectiva por considerarlo autor de los hechos que se le imputan. A pesar de que su defensa solicitó el sobreseimiento, el juez de Garantías rechazó el pedido y elevó la causa a juicio.
A 8 meses de la denuncia que destapó la olla, desde que se inició la investigación por parte de la UFI CAVIG, 7 mujeres que fueron pacientes del oculista lo denunciaron por abuso sexual simple por situaciones que vivieron con el profesional entre las cuatro paredes de su consultorio.
El Ministerio Público representado por la fiscal Claudia Salica y Eduardo Martínez, que lo acusó de 8 hechos (una paciente denunció dos episodios), anticipó que en la instancia de debate oral solicitará una condena efectiva dada la gravedad -a su entender- de los hechos denunciados y también, una inhibición a ejercer como profesional por un plazo de 5 años.
Aunque la defensa compuesta por los abogados Franco Montes y Marcelo Fernández se opuso a la acusación e instó a que su patrocinado fuera sobreseído por prescripción (en un hecho) y atipicidad, es decir por no existir acción penal (en 4 hechos), el juez Andrés Abelín Cottonaro denegó el planteo y clausuró la investigación para elevar la causa a juicio.
Si bien Fernández y Montes adelantaron que impugnarían el fallo, la audiencia continuó para encaminar el caso al debate con el ofrecimiento de pruebas. Previamente al inicio del proceso que sucedió este miércoles, habían intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía proponiendo la suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, el pacto no prosperó.
Es que la defensa del médico oftalmólogo de la Clínica Santa Lucía había ofertado que su cliente cumpliera con tareas comunitarias, evitara acercarse a las denunciantes, se sometiera a un tratamiento psicológico y donara de forma simbólica 40 mil pesos para obtener la probation por un año y seis meses. Ese castigo que se proponía suponía la extinción de cualquier sentencia en los registro delictivo en el nombre del profesional.
No obstante, desde el Ministerio Público se negaron a acordar dado que el delito que se investiga está encuadrado en la violencia de género y dar lugar a un acuerdo sería oponerse a la política criminal de Fiscalía General.