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SUSCRIBITE Después de que uno de los imputados por el caso de la menor prostituida fuera beneficiado con la prisión domiciliaria, Carlos Hugo Cassab, quien padece problemas respiratorios y fue catalogado como persona de riesgo por el Covid, la Fiscalía -que en principio se opuso a la medida- le pidió al juez de Garantías mayor protección para una de las víctimas.
Según indicaron fuentes judiciales, la fiscal Valentina Bucciarelli le solicitó a Matías Parrón que le prohibiera al detenido de 73 años que estuviera comunicado, frente a la posibilidad de que pudiera amedrentar de alguna manera a la adolescente cuya denuncia impulsó la causa que lo tiene en la mira. "Esto fue por precaución", indicaron.
Desde la defensa del empresario de Caucete señalaron que Cassab no tiene un teléfono celular sino el casero de la vivienda en la que permanece, un domicilio de Ullum. El imputado por estupro tiene una pulsera electrónica que monitorea el cumplimiento de la prisión preventiva.
Por otra parte, esta semana se celebrará una nueva audiencia que solicitó la defensa de la tía de la menor en cuestión. Según explicó su abogado, Leonardo Villalba, el motivo que lo llevó a pedirla es el 'delicado estado de salud mental' de su defendida. Además de insistir con que la joven de 32 años sea trasladada a un hospital, buscará que el magistrado le permita que el psiquiatra de cabecera de la imputada la asista.
La preocupación del abogado es que su clienta sea revisada por el profesional que la atiende y que la conoce desde hace unos 10 años. "Creo que la consideración de ese especialista puede ser más precisa que la de un legista que apenas la vio y la entrevistó por unos minutos", sostuvo y agregó: "En casos así, lo que prima es la vida del otro y que esté garantizado, por ejemplo, que alguien no atente contra su propia vida".