Faltando menos de un día para la fecha conmemorativa del Día de la Memoria, la Cámara de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliara al represor Jorge Olivera, que operó como agente de inteligencia durante la última dictadura militar. El fallo se basa en que el genocida ya cumplió los 70 años, edad mínima para poder recibir el beneficio, sumado a algunos problemas de salud como la hipertensión. También había dado positivo de coronavirus y en más de una oportunidad había pedido el beneficio de la domiciliaria.
Olivera era agente de inteligencia de la dictadura y estuvo involucrado en el secuestro y asesinato de la modelo franco-argentina y militante de la Juventud Peronista Marie Anne Erize Tiseau, ocurrido en octubre de 1976. El 4 de julio de 2013 recibió en San Juan una condena a cadena perpetua al ser considerado coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público y asociación ilícita, entre otros cargos. El 25 de julio del 2017 consiguió que lo trasladaran junto a otro represor al Hospital Militar Central en Buenos Aires para controles médicos menores. Pero de allí huyó y permaneció prófugo hasta que fue recapturado mientras se ocultaba en el baúl de un auto.
“Este hombre siempre mintió cuando dijo ‘nunca haber visto’ a Marie-Anne. Me lo dijo su propio abogado italiano”, señala el periodista Philippe Broussard, en su libro “La Desaparecida de San Juan”, publicado en español por la editorial Planeta. Según testimonios, Olivera fanfarroneó ante sus colegas de arma de haber “violado a la francesita”. La condena se conoció justo en el mismo día en que quedó señalizado como centro clandestino «La Marquesita». Allí fue vista por última vez Marie-Anne.
Esta no es la primera vez que Olivera hacía el pedido de la prisión domiciliaria, aunque anteriormente solo recibió negativas. A principios de año, a través de su defensor, el exjefe de Inteligencia durante la última dictadura, la había solicitado por "los catastróficos efectos del virus Covid-19" que había padecido al contagiarse en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo.
En ese momento, los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Carlos Lascano, del Tribunal Oral Federal local, se lo denegaron porque, según un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, su salud no registraba secuelas de la enfermedad, por lo que, tal planteo, carecía de "fundamentación que lo respalde".
Como agravante, el militar retirado se fugó en dos ocasiones, la última de ellas, a días de recibir su primera condena por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan. En su cuenta también carga con otro castigo a prisión perpetua.
