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SUSCRIBITE Este jueves en Sala 3 del Sistema Acusatorio se llevó a cabo el juicio abreviado contra el oficial subinspector Julio Gabriel Atampiz, sujeto acusado de falsificar firmas y quedarse con el dinero de adicionales que nunca trabajó en una escuela de Rawson.
En esta ocasión, Atampiz reconoció que había cometido el delito y aceptó el juicio abreviado que fiscalía, la querella y su abogada defensora habían acordado. El juez de garantías, Eugenio Maximiliano Barbera homologó la pena y lo condenó a 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional con 5 años de inhabilitación de trabajo.
Este sujeto para quedarse con los adicionales de dos meses (febrero y abril de este año) falsificó la firma de 9 compañeros suyos y la de la directora del establecimiento educativo Marcelino Guardiola ubicado en Rawson. Maniobra que utilizó para quedarse con $46.374.
La misma directora del establecimiento se dio cuenta del error en las planillas, ya que en esos meses ningún policía fue a trabajar al establecimiento, hasta en esos días que supuestamente se estaban haciendo los adicionales hubo un robo en esos días.
Un 26 de mayo, la directora fue al departamento de adicionales de la Policía y denunció lo que había ocurrido. Desde ese momento el hecho empezó a ser investigado por la Subsecretaría de Control y Gestión. La primera medida fue hacer un estudio caligráfico a las firmas y se confirmó que este sujeto había falsificado tales firmas y había usado de forma indebida sellos oficiales.
Esta causa fue investigada por el fiscal Iván Grassi junto a la fiscal ayudante Victoria Martín, la querella estuvo compuesta por Ricardo Lorenzo Mira (Fiscal de Estado) y el doctor Ponce Roque. En tanto la defensa fue de la doctora María Filomena Noriega.
Desde la fiscalía dieron a conocer en las pruebas que Atampiz registró hasta 220 días de sanción disciplinaria por distintas inconductas cometidas desde el 2014; como llenado de libros con datos erróneos y hasta no presentarse a cumplir servicios.
Con toda esta prueba recolectada por la fiscalía y la Subsecretaría de Control y Gestión, el magistrado Barbera resolvió condenarlo a la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de fraude en perjuicio de la administración publica en concurso ideal.
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