Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Durante el fin de semana, cuatro aspirantes de Gendarmería, dos cabos y un civil que se encontraban en un complejo de cabañas en Barreal fueron detenidos por la Policía, luego de que la propietaria del lugar los denunciara por ruidos molestos. Si bien en un principio se dijo que estaban en una fiesta ilegal, una fuente judicial explicó que no incurrieron en un delito penal.
Según la versión policial, las personas que habían alquilado dos cabañas del complejo 'Mi Rodeo' estaban escuchando música con el volumen elevado y a los gritos. Fue por esto que la dueña alertó a las autoridades que se hicieron presentes y procedieron con la detención de los demandados, que fueron trasladados hasta la Comisaría 33º.
Como el turismo interno está permitido en la provincia, desde Flagrancia valoraron los hechos y consideraron que no hubo una configuración de delito. "Si bien las reuniones entre amigos están permitidas hasta la una de la mañana, no hay un horario para ir a dormir si un grupo alquila una cabaña", indicó el fiscal de turno de la UFI Nº 4, Ignacio Achem.
En ese sentido, el funcionario señaló que las conductas de los implicados están encuadradas en el Código de Faltas por lo que la jueza titular del Juzgado de Paz, Roxana Espín, interviene en el caso. Es por ello que quizás el castigo para loas aprehendidos sería una multa económica por la contravención.
Denisa Solange Meléndez, de Córdoba y 19 años; Iris de Los Angeles Almazán, de Mendoza 26 años; Agustín Loredo, Córdoba de 21 años; Alex Joaquín Mareca, de Formosa y de 19 años; Iván Eduardo Aguilera, Formosa y de 20 años; Hugo Barrios, oriundo de Chaco, 20 años; Enrique Quiroz, de La Rioja, 18; y un civil, identificado como Matías Gallardo de 24 años, oriundo de la provincia fueron los protagonistas.
El pasado 5 de julio varios aspirantes de Gendarmería fueron detenidos y luego condenados en Flagrancia por estar en una fiesta ilegal en Barreal. A los atrapados in fraganti les suspendieron el juicio a prueba por un año y los obligaron a realizar trabajos comunitarios, además de pagar $5.000 para merenderos, como reparación simbólica.