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SUSCRIBITE El caso que involucró a dos médicos y a una abogada pro vida que trataron de impedir un aborto no punible en el Hospital Rawson sigue dando tela para cortar y es que, después de que el juez que los investigó los desligara y la Cámara de Apelaciones respaldara ese fallo, la querella acudió a Casación para que revise la decisión.
Si bien el titular del Quinto Juzgado Correccional, Matías Parrón, consideró que Paola Miers y su esposo Federico Bazán y el médico del nosocomio, Federico Antequeda, no cometieron ningún delito al tratar de frenar el aborto de una víctima de violación discapacitada y por ello los sobreseyó, el abogado que representa a la niña entiende que así sucedió y por ello dará pelea en la instancia superior, donde ya presentó un recurso de casación.
Para Reynaldo Bedini, los imputados incurrieron en delitos como falsa denuncia, divulgación de datos personales y usurpación de autoridad, al tratar de convencer a la menor y a su madre que continuara con el embarazo. Esto mismo sostenía la fiscal Silvina Gerarduzzi en su acusación y en su posterior apelación. Sin embargo, esa oposición no prosiguió porque no contó con el respaldo de la fiscal de Cámara Marcela Torres.
En su presentación, el querellante indica que la "resolución en la que se dispone el sobreseimiento de los imputados carece de fundamentación suficiente y se aparata de las pruebas incorporadas en autos. Por el contrario sobran elementos de sospecha suficientes para el dictado del auto de Procesamiento".
También, el representante de la querella señaló que "invadir la historia clínica de una menor, darla a conocer a terceros, irrumpir en su habitación a exhibirle su ecografía y un muñeco de plástico, intentar judicializar el acceso a la práctica, son todos hechos constitutivos de los ilícitos aludidos en el fallo citado".
Al cierre de su exposición, Bedini decretó: "la sentencia arbitrariamente vulnera el Acceso a la Justicia de una víctima de violación".
Con esto, lo que pretende es que el máximo tribunal analice la última determinación -es decir- el aval de la Cámara al juez. Esta es su última chance de protesta en el ámbito judicial.
Con la menor internada en el Hospital Rawson, en el área de Pediatría, Antequeda -que desarrolla tareas en el Servicio de Ginecología- accedió a la historia clínica sin autorización y con el ecógrafo -propiedad del Estado- le realizó una ecografía. Todo esto ocurrió ante la presencia de Bazán y Miers, quienes no sólo tomaron conocimiento del cuadro de salud de la nena sino que también hablaron con ella y su madre, con intenciones de convencerlas de que desistieran del aborto, según indicaron fuentes judiciales.
Luego de que a menor fuera sometida a la intervención quirúrgica el 25 de agosto, los profesionales provida iniciaron acciones legales contra las autoridades del Rawson y denunciaron la ilegalidad del aborto un día después, en el Segundo Juzgado de Instrucción. El entonces fiscal Daniel Galvani pidió que esa acusación se desestimara y solicitó que se investigara a los denunciantes. La causa fue remitida al juzgado de Parrón, quien al cabo de un año y siete meses más tarde los encontró inocentes de las acusaciones que pesaban