El Ministerio de Educación de San Juan inició una investigación interna y denunció penalmente a una de sus empleadas por sospecha de desvío de fondos de la cartera. Se trata de una mujer que trabajaba como liquidadora en la repartición que habría estado recibiendo en su propia cuenta dinero de expedientes iniciados con otros nombres. La empleada pública en la mira de la Justicia se habría asignado cerca de 1,5 millones de pesos y el ardid llevaría al menos dos meses.
La investigación judicial recayó en el Segundo Juzgado de Instrucción que comanda Pablo Flores y, aunque la indagatoria a la acusada de la estafa millonaria al Estado se dará después de la feria judicial, fuentes allegadas al caso que representa un escándalo por la maniobra que emprendió aseguraron que la imputación podría ser la del delito de malversación de fondos.
A pesar de que la calificación no ha sido impuesta hasta el momento, el fiscal que entiende en el expediente Daniel Galvani le adelantó a Tiempo e San Juan que la denunciada podría quedar imputada por más de un delito y por ello investigan a fondo de qué manera habría procedido.
Acorde a lo señalado por el representante del Ministerio Publico, que llevó adelante el requerimiento de la causa y pidió al magistrado que se investigue, los delitos que se le imputaren serían todos excarcelables, a pesar de su cantidad. "Le he solicitado diversas medidas al juez como un informe detallado del movimiento de las cuentas, entre otras documentaciones que puedan servir para la investigación", manifestó.
Por el momento, el desvío de fondo que se denuncia habría ido a parar a una sola cuenta bancaria aunque no se descarta que hayan existido otros beneficiarios de la maniobra ilegal. La maniobra que se investiga es que la empleada habría ingresado al sistema una 'novedad de sueldo' y eso se depositaba en su cuenta personal, según lo denunciado.
Tal y como ya lo habían informado autoridades del Ministerio, se detectaron anomalías y se inició un sumario administrativo. Luego el hecho fue denunciado en el fuero penal para determinar qué rol tuvo la mujer sospechada. “Hay un sistema de liquidación de haberes que lo maneja la Dirección Provincial de Informática y son los liquidadores personas los que informan las novedades", sostuvo la secretaria administrativa de Educación, Alicia Vargas en declaraciones radiales.
Para frenar este tipo de efectos y maniobras, desde la cartera aseguraron: "Entonces estamos trabajando en que el liquidador persona cargue la menor cantidad de datos porque ahí tienen posibilidades, si la persona no es honesta, porque no es un error, en este caso hay dolo a mi criterio".