La justicia le dio otro revés a la escribana María Isabel Carchano, una de las procesadas por la estafa millonaria a la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos (MOB). En principio fue la negativa de acceder a la probation o la suspensión de juicio a prueba. Ahora, la jueza Adriana Tettamanti del Juzgado Contencioso Administrativo, rechazó la demanda de la profesional por la cual exigía que le permitiera ejercer hasta tanto no haya una sentencia definitiva.
Carchano está acusada junto al odontólogo Luis Minin, el supuesto comisionista Walter Omar Orellano y el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández de haber comprado un terreno en Santa Lucía por 260.000 dólares y haberlo facturado a la Caja MOB en 1 millón de dólares. El escándalo estalló en 2013. Algunos de ellos eran integrantes de una comisión de terrenos de la Caja para la construcción de un barrio.
Todos ahora están a la espera del juicio, o mejor dicho que se resuelva el planteo de sus abogados defensores para que le permitan acceder a la suspensión de juicio a prueba, o probation. El tribunal compuesto por los jueces Eugenio Barbera, Ernesto Kerman y José Vega, de la Sala III de la Cámara Penal, no hizo al lugar al pedido en su momento y entonces sus defensores recurrieron a un tribunal superior.
En el medio, por una acción promovida por el Colegio Notarial, la escribana Carchano fue sancionada y suspendida en sus funciones como notaria. Frente a esto, la profesional inició una demanda contra la entidad y el Estado provincial en el Juzgado Contencioso Administrativo al entender que la medida era inconstitucional y cercenaba la posibilidad de poder trabajar. Es que la destituyeron del cargo, su registro quedó vacante y le suspendieron la matricula.
Fuentes judiciales revelaron que ese planteo ahora fue rechazado por la juez Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo. No sólo eso, la magistrada resolvió que Carchano deberá pagar los honorarios de su representante, como así también los abogados que actuaron por el Colegio Notarial y del gobierno provincial.
La jueza Tettamanti sostuvo que las medidas contra la escribana eran propias de la sanción y que no se afectaba sus derechos ni menoscababa ninguna norma constitucional. Argumentó que la suspensión que pesa sobre la escribana no daña la posibilidad de que ella trabaje, sino que se le puso un límite para que ejerza la función notarial mientras dure el proceso, todo esto en bien del interés público dado que la tarea que desempeñaba es equiparable a la de un magistrado.
