En el marco de la investigación por la escombrera que la compañía minera chilena Los Pelambres montó ilegalmente en Cerro Amarillo, departamento Calingasta, una delegación encabezada por el juez y el fiscal federal subió a la cordillera de los Andes a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar para hacer una inspección ocular y tomó muestras de rocas y de agua.
La delegación subió a las 5 de la mañana de este jueves y bajó a Barreal a las siete de la tarde.
El juez Leopoldo Rago Gallo, la secretaria penal Florencia Gutiérrez y dos peritos que llegaron desde Buenos Aires fueron los representantes del Poder Judicial de la Nación.
El fiscal federal general Francisco Maldonado lo hizo por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La Policía Minera, que depende del Ministerio de Minería de San Juan, asistió a la justicia federal con un ingeniero y un geólogo.
Por parte de la empresa Glencore, la parte querellante formó parte de la delegación con la representación del abogado Rubén Pontoriero.
La delegación tomó muestras de rocas del botadero ilegal y también de un curso de río que alimenta el Río San Juan.
El botadero ilegal tiene una extensión de más de 52 hectáreas y fue denunciado por la empresa minera Glencore como responsable de esa zona en la cordillera de los Andes.
La acusación es contra la compañía minera chilena Antofagasta Minerals, dueña de Los Pelambres.
Ésta último sacó 500 neumáticos de máquinas gigantes. Pero no sacó los 250 millones de toneladas de roca residual, lo que implica una gran inversión de dinero.
Según Los Pelambres, ellos hicieron ahí la escombrera porque el gobierno nacional de Chile le informó mal el límite.
Ahora el escándalo tiene dos frentes en la justicia federal: en el civil, donde hay una demanda de una empresa a la otra por los daños y por el uso de su propiedad. Y en el penal, donde el juez Rago Gallo investiga la responsabilidad de los gerentes en la creación de la escombrera ilegal en el lado sanjuanino.
La inspección ocular es una de las últimas medidas que está tomando el juez federal Rago Gallo antes de dictar una resolución.
Esa resolución será clave para saber si la compañía Antofagasta Minerals deberá o no sacar los escombros ilegales que arrojó durante años en el lado argentino.
