La suspensión del juicio a prueba o “suspensión del proceso a prueba” o “probation” es la suspensión de ese trámite judicial con la idea de que el sospechado cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva, es decir, que queda absuelto. Este beneficio está contemplado para personas que cometan delitos leves, y que no cuenten con antecedentes policiales y se han dictado ya en lo que va de la implementación del sistema de Flagrancia en San Juan desde el 9 de agosto alrededor de medio centenar de probation como pena, según la información oficial.
¿Pero qué se les mandó a hacer a los imputados? Un informe especial para Tiempo de San Juan de la Fiscalía General Provincial da cuenta de 16 de los primeros casos atendidos. Entre ellos hay tres que llaman la atención.
En el caso de robo en grado de tentativa contra la embarazada Mealina Sol Videla Reinoso, se le dictó presentarse del 1 al 10 de cada mes durante 4 meses en la seccional 10ma de Santa Rosa, en 25 de Mayo, con excepción del octavo mes de gestación en adelante y hasta 60 días posteriores al parto. La joven debe efectuarse estudios médicos de control durante el embarazo y luego del bebé, lo que debe ser acreditado por el personal de la Seccional citada.
Por otro lado está el casi de Alejandro Valentín González Videla, por robo en grado de tentativa, al cual se le impuso por dos años adoptar un oficio, arte, industria o profesión adecuada a su capacidad, y la obligación de concluir los estudios secundarios en el colegio que estime más conveniente informando a la Oficina de Medidas Alternativas dentro del sistema de flagrancia.
En un sentido similar al anterior caso, para el de Leonardo Daniel González por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, el juez resolvió que el imputado debe finalizar los estudios de nivel secundario y que además realice un curso en el oficio de carpintería en institución pública o privada.
En todos los casos el juez señala que los imputados deben abstenerse de usar estupefacientes o consumir bebidas alcohólicas, y en muchos determina que deben hacer reparaciones simbólicas por los daños causados con montos, en los casos informados, que van desde los 100 a los 1.500 pesos.
La mayoría de los casos, el dictamen establece la realización de tareas comunitarias a desarrollar en diferentes instituciones locales, como diversos municipios, la Escuela Hogar o el Hospital Mental de Zonda. En algunos casos también se prohíbe el acercamiento o cualquier tipo de contacto con la víctima del delito, tanto en la vía pública, por el lugar donde se cometió el hecho o domicilio particular, o familiar de la misma.
De los 16 casos analizados, se dictó probation en casos de hurto simple, tentativa de hurto, robo en grado de tentativa, robo arrebato, robo y hurto calificado por escalamiento.
