Walter Antuña, titular de Regulación y Control de Gestión del ministerio de Salud Pública, dijo en radio Colón que el geriátrico "nunca ha estado habilitado, lo que puedo decir es eso. En varias oportunidades visitamos el geriátrico, vimos el estado de las unidades, hicimos la denuncia judicial para que se haga la clausura correspondiente", dijo.
Luego manifestó que "la clausura preventiva significa que en forma instantánea impide que ingresen nuevos abuelos a la residencia, llamamos a familiares para que los retiren en un lapso de 24 horas; lamentablemente esto es una responsabilidad compartida; no solo es de la propietaria que tiene negocio ilegal sino que ayudan a ese negocio cuando los familiares no los retiran".
Luego el funcionario manifestó que la causa "está en el juez de Falta y la señora por ser reincidente se le ha hecho una denuncia penal. Hay familiares que no quisieron sacar a los abuelos y no les interesa".
"Ahora yo voy a tener reunión con el juez, estuve anoche y hoy hablando con la gente del ministerio de Desarrollo Humano. El juez me transmite que los retira a los abuelos y hay que tener donde llevarlos y es un problema. Antes los familiares se presentaban ante el juez y después se molestaban con nosotros porque decían que a no tenían adonde llevar a los familiares", manifestó Antuña.
Luego indicó que la propietaria, Roxana Atencio, "ha hecho una denuncia contra Salud Pública porque dice que nosotros la seguimos". El geriátrico ya fue clausurado tres veces.