Por Gustavo Martínez Puga
"Nosotros ya tenemos una causa para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Banco Nación que serán imputados en la medida en que se los vaya identificando. Los síndicos han hecho un trabajo muy prolijo”. La definición es sobre Pedro Tito Zurko y pertenece a Enrique Senestrari, Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, en declaraciones al diario Puntal de Villa María, tras la denuncia penal que hicieron dos síndicos de una financiera que es el epicentro del mayor escándalo político-judicial de la provincia de Córdoba.
Tiempo de San Juan se comunicó con la fiscalía de Senestrari para conocer si Zurko estaba o no imputado de un delito, pero se limitaron a informar que la investigación judicial que tiene en la mira al gerente no permite revelar esa información vía telefónica.
Mario Matic, secretario general del gremio La Bancaria, dijo a Tiempo de San Juan que desconocían que Zurko estuviera involucrado en el escándalo financiero de Córdoba. Mientras que Alejandro Güell, secretario adjunto de La Bancaria e integrante de la comisión gremial interna de la sede central del Nación en San Juan, informó que "desde el gremio no hemos tenido inconvenientes”. Y aclaró que "como con toda persona, depende del ánimo con el que se levante cada uno”.
Otros empleados del banco aseguraron a Tiempo de San Juan que Zurko tenía un manejo arbitrario del personal y del banco.
Zurko llegó a la provincia en los últimos meses, después de que en Córdoba se lo pegara legalmente al escándalo de Cordubensis (CBI).
Esa financiera saltó al tapete el 14 de febrero de 2014, cuando su vicepresidente Jorge Suau apareció muerto de un balazo en la cabeza en dudosas circunstancias. Al mismo tiempo se conocía en Córdoba la quiebra de una mesa de dinero ilegal y multimillonaria, provocando un fraude a cientos de ahorristas. Una gran parte de esa investigación está en la Justicia Federal de Córdoba, donde el fiscal Senestrari es el principal investigador.
Por otro lado, la justicia de la provincia de Córdoba tramita la quiebra provincial de Cordubensis, a través del juez Domingo Saúl Silvestre.
En ese marco, los dos síndicos de Cordubensis, Ricardo Veltruski Heck y Héctor Ruiz, presentaron un informe general en el que se describen las maniobras ilícitas que se practicaron en CBI.
Según publicó el diario La Voz del Interior, en ese documento "se indicó con precisión la monetización de unos 716 millones de pesos por la sucursal 1.570, ubicada en San Jerónimo 30 –corazón de la Ciudad de Córdoba-. Las firmas "fantasma” Halabo SA y Jotemi SA, movidas por Miguel Ricardo Vera (imputado y hoy detenido), presentaban a diario cientos de cheques en cuentas de esa sucursal bancaria con exención impositiva, y al día siguiente retiraban varios millones de pesos en billetes”.
Los dos síndicos precisaron que esa maniobras se concretaron gracias "a la vista gorda de varios ejecutivos, entre ellos el gerente Pedro Tito Zurko”. Según La Voz, después de esa acusación de los síndicos contra Zurko ante el juez, el Banco Nación trasladó al gerente a otra provincia. Esa otra provincia fue San Juan.
Consigna La Voz del Interior que "en ese banco no pidieron los estados contables, no se hizo estudio de cliente, no descubrieron que las actividades de las firmas eran inexistentes (limpieza y venta de diarios y revistas) y no aplicaron todas las disposiciones de control para cumplir con los organismos internacionales (Grupo de Acción Financiera Internacional y la Unidad de Información Financiera) en materia de lavado de activos, siempre de acuerdo a la denuncia”.
Los síndicos de Cordubensis hicieron la denuncia concluyendo que el Banco de la Nación de la Ciudad de Córdoba tuvo un actuar "omisivo, negligente, complaciente y doloso” por parte de los funcionarios bancarios.
Antes de su paso por Córdoba Zurko sufrió una serie de cuestionamientos sociales en Formosa.
Según publicó el diario El Comercial, Zurko protagonizó una serie de ejecuciones judiciales contra los productores de esa provincia. A raíz de la asfixia financiera, los trabajadores agropecuarios llegaron a pedir la intervención del Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, quien salió en auxilio a pedido de la Federación Agraria de Formosa.
La Justicia investigó en San Juan
En octubre de 2014, por orden de la justicia federal de Córdoba, en San Juan se realizaron una serie de allanamientos buscando evidencias del caso Cordubensis y se llevaron 40 cajas con expedientes.
En aquella oportunidad la Justicia Federal allanó una escribanía ubicada en la Avenida Alem; un estudio contable de la calle Mendoza; la casa de un contador en el barrio Stotac; oficinas y domicilios de empresas y la gerenciadora de la obra social de los empleados del comercio, OSECAC.
Antes, Tiempo de San Juan había informado que la financiera local Safe Box tenía como presidente al dueño de Cordubensis, Eduardo Daniel Rodrigo, quien era socio de Jorge Suau, quien apareció misteriosamente muerto en Córdoba el día que se conoció la quiebra de la mesa ilegal de dinero.
