Por Gustavo Martínez Puga
"Resulta valedero y plenamente legítimo tomar como parámetro orientador el monto de la pena prevista en abstracto por la figura penal prima facie infringida por el imputado cuando exista la posibilidad fundada de ello, presumiéndose que a mayor gravedad de la misma, aumenta la posibilidad de que aquel intente eludir la pena frustrando la investigación o precediendo a fugarse; concluyéndose que la naturaleza del hecho y la severidad de la pena constituyen indicios plenamente ponderables para disponer el encierro cautelar”.
Esa conclusión pertenece a la Corte de Justicia de San Juan en los autos 6295 por el incidente de excarcelación bajo caución juratoria a favor de Fa Jonathan – Casación e Inconstitucionalidad. Y de esa jurisprudencia se agarró el fiscal Daniel Guillén para oponerse por segunda vez al pedido de libertad del bodeguero, imputado por el presunto abuso sexual agravado de sus hijastros.
La defensa del bodeguero había solicitado por segunda vez la excarcelación en los últimos días. Y puso como argumentos la jurisprudencia de la Corte de Justicia en el caso Estornell, donde los procesados por extorsionar al empresario obtuvieron la libertad hasta el juicio sosteniendo que estaban radicados en la provincia, que no podían trabar la investigación porque estaba cerrada y que siempre habían colaborado con la Justicia.
Ante ese planteo, el juez Guillermo Adárvez le corrió vista al fiscal para conocer su opinión. Y éste fue contundente: "No debe el Señor Juez hacer lugar al beneficio solicitado”.
Tras aquella jurisprudencia del caso Estornell, hubo una cumbre de representantes del Ministerio Público en el que se firmó un acta compromiso entre todos los fiscales para no otorgar las excarcelaciones sistemáticamente por ese fallo.
Advirtieron que como representantes del Ministerio Público no estaban obligados a acatar ese fallo.
Luego se produjo una especie de corrección por parte de la Corte local con el fallo Fa citado por el fiscal Guillén.
Es la segunda vez que el fiscal Guillén (quien subroga en ese caso al fiscal Carlos Rodríguez porque se inhibió) le niega la libertad al bodeguero.
Incluso, el empresario había quedado en libertad tras ser indagado por el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción. El magistrado decidió dejarlo ir mientras se tramitaba el pedido de excarcelación hecho por la defensa.
Cuando tomó estado público la posición del fiscal Guillén, el bodeguero fue detenido y enviado al Penal.
El fiscal Guillén dijo que la pena del delito por el que podría llegar a ser condenado el bodeguero es de 8 a 20 años de prisión, por lo que no correspondía que fuera excarcelado. Argumentó el fiscal que, por el monto de la pena, había peligro de fuga.
Además, el fiscal tuvo en cuenta que aún no está resuelta la situación procesal del empresario, por lo que también había peligro de que entorpeciera la investigación penal en trámite.
