En la mañana del viernes 6 de marzo de 2014 estallaba un gran escándalo en San Juan cuando la Policía Federal allanaba en Rawson las oficinas de la empresa que otorga las licencias para conducir vehículos, EMICAR. Dos años después, la causa que arrancó en el fuero federal y luego la mudaron a los jueces locales sigue con final abierto para el grueso de los sospechosos.
La causa tiene dos frentes de investigación.
Uno de ellos está cerrado y sólo falta que en la Fiscalía N° 4 hagan el cierre de la investigación para que el caso sea elevado a juicio. Eso no ocurriría en el corto plazo.
En ese frente del escándalo están tres de los ocho procesados. Y a dos de ellos les prorrogaron la prisión preventiva por un año más. Ellos son David Páez y Ana María Gómez (bonaerenses). Mientras que Silvina Bazán seguirá excarcelada, un beneficio que obtuvo a los siete meses de prisión.
Subrogada por el fiscal Daniel Guillén (la titular se jubiló), la Fiscalía N° 4 tomó la decisión de prorrogar la prisión preventiva por un año más a fines de febrero, ya que en marzo se cumplieron los dos años de la detención sin un juicio.
La complejidad de la causa fue uno de los principales motivos para sostener esa decisión, además de que están sospechados de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a falsificar las licencias de conducir en una imprenta en Buenos Aires y de venderlas en San Juan, más puntualmente, en Albardón.
Si hasta marzo del año próximo no le hacen el juicio, estos dos sospechosos deberán ser puestos en libertad.
Pero se supone que antes les harán el juicio para determinar si son o no culpables. Ese frente de investigación está agotado y para que se haga el juicio sólo falta que la Fiscalía N° 4 haga el cierre de la investigación. Por la complejidad del caso, eso no ocurriría en el corto plazo.
El otro frente de investigación es el que aún está abierto. La causa está en el Cuarto Juzgado de Instrucción (por ahora sin juez titular) y allí deben investigar los hechos y resolver.
Allí están involucrados los empleados de la empresa EMICAR (Carlos Samper, Rolando Orlando Sosa, Ovidio Paulino Jofré y Aníbal Jorge Zuloaga) y los integrantes de la barra de Sportivo Desamparados (Gustavo "Paco” Guzmán y Mario "Canario” Ontiveros).
La investigación judicial apuntó a probar si los barras llevaban clientes a los empleados de la empresa para que les dieran los carnet de conducir sin los pasos legales previstos.
El caso más enigmático es el del gerente Enzo González Iaiza, sobre quien pesa una falta de mérito. En ese juzgado le deben resolver esa situación legal al ejecutivo. Por ahora quiere decir que no hay pruebas suficientes para procesarlo, pero tampoco la Justicia tiene la convicción de que no haya tenido nada que ver.
La investigación original había arrancado en el Juzgado Federal, donde el juez Leopoldo Rago Gallo dictó el auto de procesamiento. Cuando los defensores apelaron, la causa llegó a la Cámara Federal de Mendoza y allí resolvieron que era el Poder Judicial de San Juan el que debía intervenir.
El juzgado en turno en ese momento era el Cuarto de Instrucción, donde la causa fue remitida a la Cámara Penal para que resolvieran las apelaciones.
La Sala I de la Cámara Penal confirmó el procesamiento para la pata bonaerense, en la que están Páez, Gómez y Bazán.
Y anuló parcialmente el procesamiento de la otra pata de la investigación, la de los empleados de EMICAR y los barras víboras. Por eso es que ahora se les debe resolver la situación en el Cuarto Juzgado de Instrucción.
Eso no ocurrirá ni en el corto ni en el mediano plazo, debido a que la causa EMICAR es muy compleja, con horas de escuchas telefónicas, y en ese juzgado ni siquiera tiene ahora un juez titular.
