El juez a cargo del Cuarto Juzgado de Instrucción, Benedicto
Correa, aún no define si manda o no a la cárcel a los ex funcionarios del
Arzobispado, el ex administrador Juan Brozina y el ex tesorero Darío Tapia,
señalados como los dos presuntos responsables de cometer irregularidades con
los fondos eclesiásticos. Según fuentes judiciales, al cierre de esta edición
el magistrado tenía previsto resolver la situación de los dos sujetos, tras
recibir las planillas prontuariales de ambos, denunciados por el propio
monseñor Alfonso Delgado tras hacer una auditoría externa que determinó una
maniobra sospechosa con el dinero que maneja la Iglesia sanjuanina.
Esto no quiere decir que Brozina y Tapia estén prófugos, si
no que se está resolviendo si permanecen en libertad o no, tras haber
interpuesto un pedido de eximición de prisión después de que el juez ordenó sus
detenciones en el mes de febrero. Según las fuentes, Correa recibió el viernes
11 de marzo al mediodía la información que debe enviar la Central de Policía y
que es base para definir la situación procesal de los investigados, lo que es
inminente. Esto no quiere decir que Brozina y Tapia estén prófugos si no que
están en trámite los pedidos hechos por sus abogados a la Justicia.
El juez Correa tampoco ha hecho la calificación la causa
todavía, precisaron las fuentes, porque está estudiando los elementos del caso,
brindados en la denuncia que fue a hacer hace más de un mes personalmente
Delgado, acompañado por los abogados Rubén Lloveras y Cristina Naveda. Desde
entonces se tomaron varias declaraciones testimoniales, incluida la del obispo, sobre lo que pasó con los
dineros que manejaban los contadores, dijeron fuentes tribunalicias. Ahora
queda pendiente la declaración de los dos sospechosos de quedarse con lo ajeno.
Por su parte, la fiscal Ana Lía Larrea, dijo que "nosotros requerimos por
estafa o por administración fraudulenta”, ambos delitos excarcelables.
El caso salió a la
luz este mes, después de que el Arzobispado emitiera un comunicado sobre la
denuncia que realizó en la Fiscalía de Instrucción nro. 5, el 5 de febrero en
contra de los contadores, generando un gran revuelo en la Provincia.
En noviembre del año pasado, el obispo mandó a auditar las
cuentas del Arzobispado porque le llegaron notificaciones de deudas como de ART
y obras sociales de los sacerdotes y no entendía por qué las había, ya que
existían los fondos para estar al día. En cuanto se empezó la auditoría, que la
hizo un contador externo, Brozina dejó de ir a trabajar diciendo que habían
perdido la confianza en él, según fuentes del Arzobispado, pero nunca renunció
formalmente, por lo que se consideró abandono de trabajo. En ese entonces, el
administrador atravesaba un momento personal delicado, con la salud de su
madre, quien finalmente falleció, por lo que el obispo Delgado se mantuvo cauto
con el funcionario, quien llevaba alrededor de 10 años en funciones, luego de
que su antecesor Víctor Giménez dejara el cargo. Según las fuentes, el trato del Obispo con
Brozina y con Tapia, al ser tan pocos los empleados, era cercano, incluso
atendiendo a problemas familiares. Cuando Brozina dejó de ir, profundizaron la
auditoría que terminó a principios de diciembre. A raíz de ese informe se
realizó en forma inmediata un sumario interno que determinó el despido con
causa de Tapia, que se cumplió el 17 de febrero. Previamente, el contador
Brozina había sido despedido por abandono de trabajo al comienzo de la
auditoría.
En el Arzobispado descubrieron con sorpresa diferencias entre
algunos recibos y su contabilización, lo que primero atribuyeron a un olvido o
error pero después se dieron cuenta de que había pasado varias veces. Sobre los
montos en juego se manejan con gran cautela, pero la fiscal habló de poco más
de 400 mil pesos y no de 700 mil como trascendió en un principio. Tampoco se
trata sólo del dinero de las limosnas, sino de los fondos en general del
obispado que proviene también del funcionamiento de las parroquias, los
colegios y recursos propios.
La situación del faltante de plata en el Arzobispado
repercutió de manera importante en sus finanzas, por lo que tuvieron que pedir
prórrogas para saldar deudas y dejaron postergados algunos compromisos con
parroquias y un plan de arreglos al edificio de calle Mitre que tenían pensado
aplicar este año. Están atentos con el proceso penal porque cuentan con poder
recuperar luego los fondos a través de una demanda civil.
