Por Gustavo Martínez Puga
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Adriana Báez Rosales entregó 35.640 pesos por un Chevrolet Prisma. Le avisó que tuviera cuidado a Rosa del Valle Molina, su compañera de trabajo en la peluquería, quien ya había entregado 27.450 pesos por el mismo vehículo. Por otro lado, Noelia Vanesa Ramírez y su concuñada, Andrea Márquez, entregaron 114.880 pesos por un Fiat Doblo. Mientras que el almacenero Sergio Acosta Ruarte entregó 65.840 pesos por un Fiat Siena. Todos ellos se encontraron en la misma situación: todos son pequeños comerciantes que de tanto golpear puertas se dieron cuenta que habían sido víctimas de una estafa. Al menos a esa conclusión llegaron cuando se venció el plan de pago, los autos cero kilómetros que les debían entregar no estaban y las oficinas de la empresa con la que habían firmado el contrato ya no estaba más.
Llenos de bronca e impotencia, cansados de llamar por
teléfonos y que ya no los atendieran los
"socio gerente” que aparecían como los responsables de la empresa, los cinco
pequeños comerciantes se juntaron y pusieron la denuncia penal en la fiscalía
en turno, a cargo de Ana Lía Larrea.
"Hemos hecho el requerimiento fiscal por presunta estafa y pedido al juez que tome medidas. Una de ellas es la citación a indagatoria de Jonathan Matías López y de Juan Carlos Calvo, quienes aparecen como los socio-gerente de la empresa Autodiario SRL en los contratos con los denunciantes. También solicitamos que se produzcan pruebas, como ver en qué condición legal está empresa”, informó la fiscal Larrea.
La denuncia penal se está investigando en el Cuarto Juzgado de Instrucción, el cual está subrogado por el juez Benedicto Correa.
Tanto en fiscalía como en el juzgado creen que el número de víctimas podría incrementarse ahora que el caso está judicializado.
Según consta en la denuncia, la empresa tuvo sus oficinas en cuatro lugares distintos. Y actualmente desaparecieron de todos ellos.
El primer y último lugar fue en Cereceto y Mendoza, en Concepción; luego en avenida Libertador San Martín 149 Este (Galería Laprida) y en Rivadavia 215 Oeste, Capital.
Los teléfonos en los que atendían a sus clientes ya no funcionan más.
Los denunciantes coincidieron en afirmar que Calvo, uno de los "socio-gerente”, les dijo hace unos meses que ya no tenía nada que ver con esa empresa, que se había desvinculado.
Pero legalmente su nombre está en los contratos y por eso la justicia también lo está investigando.
Mientras que Jonathan Matías López ya no está en los domicilios que solía frecuentar en la provincia. "Tengo entendido que se fue de la provincia y que lo hizo junto a su mujer y su hijo”, comentó en Tribunales una de las damnificadas.
Al menos los cinco denunciantes confiaron en la empresa cuando vieron los avisos publicitarios. El gancho principal que tenían era el sistema de cobro diario y a domicilio, lo que evitaba tener que juntar un monto de dinero para la cuota mensual.
De los cinco denunciantes, los primeros suscribieron el contrato el 26 de noviembre de 2013. Los últimos lo hicieron el 15 de enero de 2014.
Con diferentes valores en las cuotas diarias, al parecer por el tipo de vehículos, el sistema era el mismo. Tenía tres fases. Por ejemplo, para el Chevrolet Prisma la primera fase eran 180 cuotas diarias de 48 pesos; la segunda fase eran 180 cuotas diarias de 59 pesos; y la tercera fase era de 180 cuotas diarias de 91 pesos.
Luego, a esos 35.640 pesos, los clientes tenían que sumarle un pago de patentamiento, flete, escribanía, sellado, prenda, entre otros puntos.
Incluso, a uno de ellos hasta le hicieron pagar 5.000 pesos para el aceite del auto que le iban a entregar.
A una de las peluqueras, la cual apuró a López porque no estaba entregando los vehículos prometidos, le dijeron que entregara su auto usado y que con el dinero que había puesto le iban a dar un usado de una agencia ubicada en Capital.
Pero cuando fue a ese lugar, el dueño de la agencia de autos le dijo que conocía a López, pero que no le podía entregar el vehículo porque también a él le debía dinero.
Ante ese cuadro de situación, no se descarta que el juez Correa ordene detener a los "socio-gerente” de esa empresa llamada Autodiario SRL.
LA FRASE
"Lo único que queremos es recuperar el dinero o que nos entreguen el vehículo. Nos cuesta mucho ganar el dinero para perderlo así”.
Adriana Báez, una de las víctimas.
