Por Gustavo Martínez Puga
Tras la última publicación de Tiempo de San Juan en la que se informó que en la causa por "fabricar sordos” que tiene a cuatro abogados, tres médicos y un obrero minero procesados por estafar al Estado nacional por inventar casos de sordera, desde el gremio AOMA precisaron que el obrero minero no tiene ningún vínculo con esa institución, tal como se informó.
Se trata del obrero de la Calera Massut, Orlando Cipriano Bruna, de 56 años, quien vive en Sarmiento. En la publicación se hacía mención a que ese obrero estaba vinculado con el gremio AOMA.
Esa publicación se hizo en base a los testimonios de los obreros mineros reclutados por los abogados y por Bruna. Algunos testimonios citados en la causa dijeron que Bruna se había presentado como dirigente del gremio.
Pero desde el gremio precisaron que "de ninguna manera ese señor Bruna tiene o tuvo algún vínculo con AOMA. Es más, en otra oportunidad el gremio lo denunció en otra causa federal y terminó procesado”, explicó Carlos Cámpora, asesor legal del gremio.
En una oportunidad Bruna había intentado candidatearse para AOMA a través de la lista celeste. Pero fue impugnado porque ni siquiera estaba afiliado al mismo.
En el auto de procesamiento que dictó el juez federal Leopoldo Rago Gallo se determinó que Bruna era quien reclutaba obreros y los llevaba a los estudios de los abogados. Allí les mandaban a realizar estudios fonoaudiológicos y de la columna vertebral. Así, según el procesamiento, inventaron casos de sordera y saquearon al Estado nacional, quien poseía un fondo especial para esos casos.
Los abogados procesados son Ernesto Clavijo, Waldino Acosta Gómez, Juan Manuel Azcona y Agustín Zumel. El médico sanjuanino procesado es Roberto Moya Ruiz, el cordobés Carlos Manuel Delera y el tucumano Gustavo García Larsen. A todos ellos se les agrega Orlando Bruna.
En Córdoba, presos
El caso sanjuanino de los abogados y médicos procesados por estafar al Estado nacional a través de un fondo de las ART, tiene su antecedente más inmediato en la provincia de Córdoba. Allí, en el invierno del 2011, se conoció un procesamiento parecido al que hizo en San Juan el juez federal Rago Gallo. Pero, a diferencia del fallo local, en Córdoba sí fueron privados de la libertad los abogados y médicos involucrados porque hubo estafa procesal. Entre ellos está el abogado Francisco Rueda, hijo de un conocido camarista de esa provincia, Luis Roberto Rueda, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Según publicó el diario La Voz del Interior, cuatro abogados y dos médicos, en junio del 2011 detenidos en la cárcel Bouwer, quienes resultaron imputados por "asociación ilícita” en el marco de la millonaria estafa a Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) con reclamos que presentaban empleados de la Municipalidad de Córdoba.
El diario cordobés informó que, a esa fecha, los profesionales ya estaban bajo arresto e imputados por estafa procesal continuada. Pero en ese momento el fiscal Mariano Antuña, a cargo de la causa, consideró que habían elementos para decir que formaron parte de una organización criminal que comenzó a operar desde 2008 con falsas demandas y utilizando certificados médicos falsificados.
Los abogados Fabián Manrique y Osvaldo Merlini fueron considerados "organizadores”, mientras que los letrados Claudio Horacio Viale y Francisco José Rueda (supuestamente sus contrapartes) y los médicos José Luis Barbero y Mario Ernesto Pacheco sólo "miembros”. Todos están arrestados con prisión preventiva.
En la causa se detallan 143 juicios iniciados por empleados de la Municipalidad de Córdoba que en su mayoría fueron captados en las dependencias oficiales –por ejemplo, por pasantes de los estudios de abogacía involucrados- y que eran convencidos de iniciar los juicios por montos exorbitantes que luego se negociaban a bajo costo, generalmente en 8 mil o 9 mil pesos, informó La Voz del Interior.
Todos apelan
El proceso de notificación del auto de procesamiento que dictó el juez federal Rago Gallo contra siete personas que habrían inventado casos de sordera para saquear al Estado nacional a través de un fondo de las ART fue más lento de lo normal. Eso llevó a que durante la semana que pasó aún se estuvo recibiendo en el Juzgado Federal a los involucrados.
Eso hizo que el proceso de apelación de los cuatro abogados, tres médicos y un empleado calero se dilatara. De lo que no hay duda es que todos los involucrados van a apelar el procesamiento ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza.
