DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Los hechos horrorosos por los que investigan a los policías de los ´70

Dos de las tres violaciones a detenidas políticas ocurrieron en la Central de Policía. La justicia federal investiga si un grupo de la Policía de San Juan procedió con la misma metodología que luego utilizaron los militares en el último golpe, en el que se impuso el terrorismo de Estado.
lunes, 25 de junio de 2012 · 09:02

Por Gustavo Martínez
gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com

Estas son las tres patas de una investigación judicial federal que, por primera vez, escarba en la comisión de delitos de lesa humanidad en un gobierno democrático, lo que provocó sorpresa en la sociedad sanjuanina.
Las violaciones sexuales.  Transcurría abril del ´75 cuando un grupo de policías de la Seccional Sexta de Rawson detuvo en Rawson a una pareja que tenía pedido de captura nacional en el marco de la ex ley 20840 de Seguridad Nacional. Ellos eran Beatriz París y Jorge Capella. Eran considerados como “pesos pesados” de Montoneros y al momento de la detención les encontraron documentos falsos de identidad (ella tenía uno de apellido Patti y él se hacía pasar por un tal Dentoni), cuentas bancarias, mucho dinero en efectivo, bibliografía y otros elementos que por esos días eran prueba suficiente para vincularlos a los grupos políticos que habían producido atentados en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. París y Capella fueron trasladados de inmediato a la división Comando Radioeléctrico, que funcionaba en la Central de Policía, en el pabellón que actualmente da a la calle General Paz. Por el peso político de París y Capella, en la Policía temían un ataque al edificio para rescatarlos y ordenaron a la Guardia de Infantería una custodia perimetral al edificio. Pero durante esa detención se produjeron apremios ilegales, torturas agravadas y la violación a Beatriz París mientras estaba privada de su libertad. París y Capella estuvieron detenidos tres días.
Ahí también cayó presa y fue violada Isabel McDonald. Según fuentes judiciales, esto habría ocurrido cuando pasaba por la Central de Policía junto a su pareja, Marcelo Nívoli, quien también fue un militante estudiantil y dirigente político de peso. El estuvo desaparecido durante mucho tiempo. Ella fue ultrajada en su cautiverio.
Estos detenidos luego fueron trasladados a Buenos Aires a disposición del Poder Ejecutivo. Y los trajeron de vuelta a los pocos meses. Fueron alojados en Gendarmería y luego en el Penal de Chimbas.
Cuando estuvieron frente al juez federal de ese momento en la provincia, Mario Alberto Gerarduzi, los detenidos denunciaron que habían sido golpeados, torturados y las mujeres violadas en reiteradas oportunidades y por más de uno de los policías que las tenía cautivas. Gerarduzi investigó a los detenidos por la ex ley de Seguridad Nacional, los procesó y terminaron condenando a prisión. Pero sobre los hechos que ellos denunciaron, el juez Gerarduzi citó a los policías sospechados, éstos negaron haberlos cometido y sobreseyó el incidente por considerar que no estaban acreditados los hechos. Todo quedó allí.
La tercera violación que investiga la justicia es la que sufrió Diana Curván, que habría sido en octubre de 1975, también cuando fue detenida por la Policía, pero no trascendieron más datos porque aún los sospechosos no fueron escuchados.
Los sospechosos. El juez Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal N°2, metió preso a: el ex jefe de Policía (1973-1976) Enríque Gustavo Graci Susini, el ex director del Penal de Chimbas, el comisario mayor retirado Nicolás Manríque, el oficial de Inteligencia Oscar Emigdio Amidey  (fue exonerado), el ex comisario mayor Darvin Vianor Mejías y el ex comisario mayor Cruz Alejandro Olmos (llegó a ser Director de Operaciones).
La investigación. Tras investigar los delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en la provincia durante el último golpe militar (hechos que están siendo juzgados actualmente), el juez Rago Gallo dio con estos casos irresueltos de violaciones, apremios ilegales, torturas agravadas y privaciones ilegítimas de libertad. Las sospechas judiciales es que en la Policía de San Juan de los ´70 se usó la misma metodología que los militares terminaron implementado años más tarde: asociación ilícita, persecución ideológica, apremios, torturas, lo que terminaron sembrando el terrorismo de Estado.
En el caso de Graci Susini, se supone que como jefe de la Policía, es responsable de sus subordinados y no podía ignorar lo que ocurría en la fuerza; en el caso de Nicolás Manríque, (quien llegó a ser interventor del Penal de Chimbas nombrado en el gobierno de la Alianza), era un oficial ayudante que integraba la Infantería que custodiaba la Central de Policía; en el caso de Amidey, era oficial de Inteligencia. Por ahora, la participación de cada uno es lo que está siendo investigado por Rago Gallo.
La presunción es que la Policía actuó bajo la ignorancia del gobierno democrático de turno, a manos de Eloy Camus, tal como venía ocurriendo a nivel nacional en la lucha con la subversión que se había implementado desde el Gobierno Nacional.
Tal vez por ese motivo es que los recursos de habeas corpus presentados por las familias de los detenidos nunca avanzaron más allá de la respuesta de que “están a disposición del Ejecutivo”, sin informar dónde estaban detenidos y cuál era su situación legal. Eso fue lo que ocurrió con los siguientes denunciantes: Por privación ilegítima de la libertad, Eusebio Héctor Tejada; por torturas agravadas Marcelo Nívoli, Jorge Capella, Isabel McDonald, Beatriz París, Diana Curván, Eusebio Tejada, Roque Páez, Eugenio Ochoa y Alberto Conca; y por violación reiterada (tres hechos) Curván, París y McDonald.
Esa falta de respuesta legal es la que se está buscando satisfacer hoy en día, en donde las pruebas a favor de los denunciantes son sus declaraciones y los hechos concordantes que aún están plasmados en las declaraciones que hicieron en los ´70. El fiscal federal subrogante, Cristian Rachid, impulsó las medidas investigativas que nacieron del juzgado de Rago Gallo.

Negación
En su primera presentación ante la justicia federal, el comisario mayor retirado Nicolás Manríque, ex jefe del Penal, negó haber integrado una asociación ilícita y también negó los hechos que le imputan. Sobre la violación de Beatriz París, fuentes judiciales precisaron que Manríque se defendió diciendo que él era un oficial ayudante de la Infantería, división que tuvo a su cargo la seguridad externa del Comando Radioeléctrico, que no tenía contacto con los detenidos. Sobre la violación de Curván, Manríque se defendió diciendo que ocurrió en octubre del ´75, cuando él ya había sido destinado como instructor de cadetes en la Escuela de Policía, por lo que no participó en operativos de detención. Igual, Manríque pidió ampliar su declaración indagatoria en los próximos días.


Por ahora la investigación está en la etapa de hacer saber a los policías detenidos cuáles son los delitos que les imputan y las pruebas en su contra.

 

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