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SUSCRIBITE El juez Julián Ercolini ordenó esta mañana la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte kirchnerista y que ya acumula tres condenas penales por irregularidades en su gestión. La medida, de ejecución inmediata, también alcanza a Manuel Vázquez, su presunto testaferro y asesor.
Ercolini pidió la detención del ex funcionario en el marco de una causa en la que se investiga el pago de comisiones para la compra, en 2005, de decenas de trenes usados a España y Portugal. La operación superó los 300 millones de pesos, pero la mayor parte de ese material ferroviario -en algunos casos con una antigüedad superior a los 20 años- nunca llegó a circular por las vías argentinas debido a su pésimo estado y quedó depositado en distintas playas ferroviarias del territorio nacional.
La decisión de Ercolini fue dada a conocer a través del sitio Web del Centro de Información Judicial. El magistrado, de acuerdo a la resolución, pretende indagar a Jaime y a Vázquez el lunes.
La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe en 2012 en el que advirtió sobre el pago de sobreprecios y sostuvo que el 44% del total del material adquirido no servía, mientras que en el caso de España ese porcentaje se incrementaba a 58%. El informe sostuvo que se compró material a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones de la misma moneda. El juez Ercolini, con el fiscal Federico Delgado, tiene a su cargo la causa presentada en 2013 por legisladores del radicalismo, en base al informe de la auditoria.
Más allá de la orden dictada esta mañana por Ercolini, Jaime ya tenía marcada en su agenda judicial una nueva cita en los tribunales: el martes debe presentarse ante tres juzgados: en Comodoro Py para prestar declaración indagatoria, fundamentar la apelación a un procesamiento en su contra ante la Cámara Federal y presentarse en el juzgado de Sebastián Casanello para justificar la forma en que adquirió diversos bienes que la justicia halló en posesión del ex funcionario o de sus supuestos testaferros.
Además, debe presentar los fundamentos de su apelación al procesamiento que le dictó en febrero pasado el juez Norberto Oyarbide por presunta malversación de fondos públicos por irregularidades en la reparación de coches del ferrocarril Belgrano Norte. Asimismo, debe prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Ramos, en el marco de una causa en la que se lo investiga por no haber llamado a renegociar los contratos ferroviarios durante sus seis años de gestión al frente de la Secretaría.