Se trata de José Luis Sejas Rosales, quien fue apresado el miércoles por la noche en su vivienda tras ser rodeado por la Policía en un radio de al menos 15 domicilios del barrio Las Palmas, según explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que al verse cercado, Rosales "tuvo que salir para entregarse" en el marco de un operativo coordinado por el comandante nacional de la Policía, el general Edgar Téllez.
Por su parte, Sejas Rosales, que fue mostrado a la prensa esposado, dijo que no fue detenido sino que se entregó y responsabilizó a los conductores de sus camiones por la droga hallada.
"No son mis problemas, son netamente personales de los choferes", afirmó en un breve contacto con los periodistas.
En tanto, el ministro Romero cuestionó a un ex agente de inteligencia y actual periodista, Carlos Valverde, ya que difundió en redes sociales que lo iban a detener a él, lo cual generó que jóvenes salieran a las calles para evitar la supuesta aprehensión.
Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), el ministro sostuvo que esas personas "agredieron a los efectivos policiales que realizaban el operativo correspondiente" y pusieron en peligro la captura del empresario prófugo.
Tras la detención, la justicia boliviana deberá ahora analizar la extradición a la Argentina, donde el transportista está procesado por "contrabando de estupefacientes y precursores químicos doblemente agravado por el uso de documentación ideológicamente falsa y por la cantidad de personas que intervinieron".
Mientras tanto, estará detenido de manera preventiva en el penal boliviano de Palmasola.
El martes, el gobierno de Bolivia había ordenado darle prioridad a la captura del empresario y había solicitado a las fuerzas de seguridad incrementar los operativos para atraparlo.
Esto sucedió luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó hace dos semanas la detención del empresario con fines de extradición a la Argentina.
Sejas Rosales había sido apresado por última vez en su país en septiembre, pero en diciembre salió de prisión para defenderse en libertad a raíz de una denuncia por "legitimación de ganancias ilícitas" y "tráfico de sustancias controladas", planteadas por la fiscalía de Santa Cruz.
Sin embargo, durante este último mes no cumplió con sus presentaciones ante las autoridades judiciales como se había comprometido a hacer, por lo que se presumía una fuga y se ordenó su captura nacional e internacional.
Sejas Rosales es el dueño de la empresa Creta, la cual posee una flota de camiones que trasladaban combustibles desde Bolivia hacia Argentina y antes de las denuncias trabajaba para la petrolera estatal boliviana YPFB.
En marzo de 2015, se hallaron en un camión cisterna de su propiedad 300 paquetes de marihuana provenientes de Paraguay y el 14 de mayo del mismo año se halló un cargamento de cocaína con papeles de control de aduana adulterados y camuflados en un contrato de prestación de servicios de traslado de alcohol.
En tanto, en la Argentina, el empresario había sido detenido en abril de 2015 por el entonces juez federal de Orán Raúl Reynoso, actualmente suspendido en el cargo justamente por beneficiar a narcos, entre ellos a Sejas Rosales.
El empresario había quedado preso tras detectarse en Salta el transporte de cocaína diluida en casi 600 litros de un líquido depositado en el tanque de combustible de un camión, aunque los investigadores creen que ingresó al país cerca de una tonelada de esa droga.
También se descubrió el tráfico de unos 35.000 litros de tolueno, precursor químico utilizado en las denominadas "cocinas" para convertir la pasta base en clorhidrato de cocaína, en un proceso cuyo residuo es el "paco", una de las sustancias adictivas más nocivas consumidas en la Argentina.
Pocos días después de ese operativo, el juez Reynoso excarceló al empresario al considerarlo "partícipe secundario" de la tentativa de contrabando, pese a que era dueño de los 90 camiones de la empresa y debió ser considerado "jefe" de la organización.
Por ese motivo, Reynoso fue acusado por el delito de cohecho y los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias dieron por acreditado que el magistrado habría cobrado 350.000 dólares a cambio de liberar al transportista.
(Fuente: Crónica)
