en el marco de la "causa meller"

María Julia Alsogaray quedó a sólo un paso de un nuevo juicio oral

La ex polifuncionaria menemista es investigada por haber autorizado un millonario pago de ENTEL a Meller. Por este mismo expediente, la denominada mayoría automática de la Corte de los '90 dejó de existir.
lunes, 9 de julio de 2012 · 08:33
La Corte Suprema de Justicia despejó el camino que conduce a la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray rumbo a un nuevo juicio oral y público. Se trata de la “causa Meller”, el mismo expediente por el cual la denominada mayoría automática de la Corte de los '90 dejó de existir y dio paso a la renovación y prestigio de que goza actualmente. El tribunal declaró “inadmisible” un recurso de queja planteado por un coimputado de Alsogaray en el expediente en el que se investigan los presuntos delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”. Esas figuras penales contemplan penas de hasta seis años de prisión. El expediente está radicado en el Tribunal Oral Federal Nº 6, el mismo que el jueves pasado condenó a 50 años de cárcel al ex dictador Jorge Rafael Videla y a otros jerarcas de la última dictadura cívico-militar por el Plan Sistemático de Robo de Bebés hijos de desaparecidos.

Cuando era administradora y liquidadora de ENTEL, María Julia Alsogaray habría autorizado un pago millonario a la firma Meller, que habría causado un perjuicio a las arcas del Estado. Según un reporte de la Oficina Anticorrupción, “los funcionarios liquidadores de la ex ENTEL fueron investigados también por haber comprometido abusivamente los intereses del Estado, al reconocer una deuda millonaria y mayor a la que correspondía y haberla cancelado mediante la entrega de una suma en efectivo, en lugar de hacerlo con bonos (como mandaba la ley)."

La empresa beneficiada con esta maniobra fue Meller SA, contratada por ENTEL desde 1986 para la publicación anual de guías telefónicas y su distribución a los usuarios, la que recién cuatro años después de iniciado el proceso privatizador se presentó reclamando el pago de
$ 43.664.235. Según un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, se verificaron numerosas irregularidades en el procedimiento previo al dictado de la resolución que ordenó pagar la deuda: no fueron agregados los documentos que acreditaban la deuda, no se calcularon los pagos parciales recibidos por la empresa, ni se explicó por qué la deuda de 1.621.312,47 pesos, a valores de 1989 y 1990, pudo transformarse en 57.650.463,07, a septiembre de 1996”. La concreción de ese pago fue frenada por Néstor Kirchner a poco de asumir la presidencia de la Nación, en 2003.

La Corte Suprema, con votos coincidentes de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt (este último por sus propios fundamentos) rechazó un planteo del contador Horacio Daniel Alí, consorte de causa junto a María Julia Alsogaray, contra la elevación a juicio oral del expediente.

Cuando se trató el juicio político al ex ministro de la Corte Suprema Antonio Boggiano en el Senado de la Nación, en las actas quedó asentado: “De los elementos obrantes en el expediente administrativo que hemos tenido a la vista surgen evidencias que nos hacen presumir que Alí, quien bajo el mandato de la funcionaria liquidadora llegó a concentrar gran poder en la empresa, llegando a ser coordinador general, gerente de Contabilidad y gerente de Administración, todo al mismo tiempo, fue el responsable del armado del expediente”.

La “causa Meller” fue el ariete que, directa o indirectamente, eyectó de la Corte Suprema a Boggiano, pero también a Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y el fallecido Guillermo López.

El artículo 248 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Por su parte, el 265 fija penas de “reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. «
 
El dato
Freno. Néstor Kirchner frenó el pago a Meller de más de 57 millones de pesos que había autorizado Alsogaray por una deuda de la que no constaban documentos, y que originalmente era de poco más de 1,6 millones.

(Fuente: Tiempo Argentino)

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