El año pasado el Senado aprobó el proyecto de modificación de la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”. Entre sus principales variantes, se encontraba el aumento de penas a los proxenetas, la confiscación de sus bienes y quitar la figura del consentimiento de las mujeres adultas que eran victimizadas.
La Cámara de Diputados debía ocuparse del tema y aprobarlo, para otorgarle nuevas herramientas al Estado, y en particular a los juzgados y fiscalías que persiguen a las redes de trata. Pero esto finalmente no sucedió, y por ello el proyecto perdió estado parlamentario.
Mientras tanto, ya son más de 700 las mujeres y niñas que son buscadas en toda Argentina luego de haber sido raptadas por los clanes mafiosos que manejan el negocio del sexo por dinero.
La actual ley fue promulgada en 2008, y colocó al país en una posición de avanzada en el marco de la persecución del flagelo. “Pero una vez que comenzó a rodar esta ley, se fueron advirtiendo contradicciones y agujeros. Así se generó una profunda discusión de sus alcances, con una gran articulación de las distintas instituciones del Estado y las ONG. Y si bien se logró coordinar una modificación y el año pasado los senadores votaron a favor del proyecto, suponíamos que los diputados se ocuparían rápidamente del tema, pero nos equivocamos”, explicó Fabiana Túñez, de la Casa del Encuentro, en diálogo con Diario Popular.
Según las estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia, en los primeros nueve meses de este año se rescató a 572 personas sometidas a explotación sexual.
Aunque esto no es todo, ya que desde la sanción de la herramienta legal ya totalizan 3.705 las personas liberadas de organizaciones criminales que las utilizaban para el negocio de la prostitución.
sábado 16 de mayo 2026
