“Considero razonable la propuesta efectuada”. Así se expresó el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en el dictamen donde aceptó hoy la donación ofrecida por el presidente Alberto Fernández de 1.6 millones de pesos para, de esa manera, cerrar la causa por la Fiesta de Cumpleaños en Olivos. Ahora solo resta la homologación del acuerdo. Así Alberto zafa de ser juzgado por haber violado las restricciones que él mismo impuso como representante del Ejecutivo cuando todo el país se encontraba en confinamiento por el coronavirus.
Será el juez Lino Mirabelli quien homologue el acuerdo para que el presidente termine sobreseído. En el dictamen, el fiscal habría detallado que el monto ofrecido “cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con Covid-19, o un total de cuarenta días de internación en modelo de atención UCI con ARM de paciente con Copvid-19”, según publica Infobae. La propuesta del fiscal es que el dinero se destine a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.
La donación es una reparación económica que está prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. De esta manera se evita la indagatoria por violar las restricciones a la circulación que él mismo había firmado. Incluso ha trascendido que Alberto Fernández evalúa solicitar un crédito porque no llegaría con el dinero en efectivo para depositarlo en una cuenta bancaria.
En el caso de la primera dama Fabiola Yañez, el monto de la reparación fue más complejo de determinar porque no cobra un sueldo fijo. Se llegó a un acuerdo para avanzar con 1,4 millón de pesos, un escalón por debajo del Presidente. Sobre quién pagará eso, la presentación ante el fiscal Domínguez solo habla de una “ayuda económica familiar”. En los hechos, deberá hacerse cargo el Presidente.
De esa manera, se trata de una donación total de 3 millones de pesos. Aunque se llegue a un acuerdo para pagarlo en cuotas, se trata de una suma que debe estar justificada en el patrimonio de Alberto Fernández. Sea como sea, tanto el presidente como la primera dama zafaron de ser acusados por haber realizado una reunión social cuando en el país ese tipo de encuentros no solo no estaban prohibidos, sino que fueron tipificados como delitos por violar a las disposiciones nacionales por la pandemia por coronavirus.
