El presidente Alberto Fernández acordó con el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez la donación de 1.600.000 pesos para cerrar la causa conocida como Olivosgate. En el expediente están encartados el mandatario, su pareja, Fabiola Yáñez, y varios invitados a la fiesta de cumpleaños de la primera dama, en la Quinta de Olivos, mientras regían férreas normas de restricción a la circulación de personas por la pandemia del Covid.
Fabiola Yáñez, por su parte, ofertaría 1.400.000 pesos por la misma causa si es que se acepta la propuesta presidencial.
El dinero que pagaría el presidente, su pareja, y algunos invitados a la fiesta (en distintas sumas) estaría destinado a fortalecer el sistema sanitario de los hospitales públicos dedicados a atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia. El dinero que pagaría el presidente, su pareja, y algunos invitados a la fiesta (en distintas sumas) estaría destinado a fortalecer el sistema sanitario de los hospitales públicos dedicados a atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
La oferta presidencial había comenzado, cuando se conoció la noticia, en 2021, con la donacion de un respirador artificial.
Si se homologaran los acuerdos, le bastará a Alberto Fernández y el resto de los acusados con cumplir lo pactado para quedar librados de la causa judicial.
La oferta ya tuvo su primera oposición seria. Quién levantó la voz sobre el probable acuerdo fue el fiscal federal de Córdoba Maximiliano Hairabedián, quién se mostró convencido de que la justicia debe rechazar el ofrecimiento presidencial.
“En el caso de los ciudadanos comunes que han infringido la cuarentena, en muchas causas que llegaron a la Justicia Federal se ha permitido que con una reparación se cierre el proceso. Está previsto en la ley", reconoció Hairabedián.
Pero al mismo tiempo advirtió que eso se hizo “teniendo en cuanta las posibilidades de los imputados. En este caso, habiendo un funcionario de por medio, la discusión puede ser distinta”.
"En su momento, cuando trascendió la imputación, los medios informaron que era por el delito de infringir las medidas sanitarias. Además, trascendió que era por delito de abuso de autoridad. Si es contra un funcionario, hay un artículo del nuevo Código Procesal Federal que dice que estas alternativas están prohibidas para un funcionario público que comete el delito en el ejercicio de su función", concluyó.