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SUSCRIBITE La Justicia de Mar de Plata ordenó a un reconocido colegio privado de la localidad la indemnización a una ex alumna que sufrió bullying en su paso por la secundaria, durante los años 2017 a 2019. Los jueces que intervinieron en la causa resolvieron que las autoridades del colegio no ofrecieron la contención que la joven necesitaba, incluso negaron los hechos que llevaron a que la víctima de hostigamiento sufriera epilepsia.
Todo comenzó en octubre del 2017, cuando la joven que asistía al Instituto Galileo Galilei tuvo que ser hospitalizada por un pico de estrés, producto de los maltratos que recibía. La resolución judicial, publicada en el portal marplatense 0223, señala que la ex alumna padecía “episodios de hostigamiento, abusos, abucheos, silbidos, gritos y críticas por parte de los compañeros” y también incluyeron “ultrajes físicos” contra la chica “como empujones y trabas para que se tropezara”. A la joven también le llegaron a escribir con “un marcador un sweater, le colocaron chicle en el pelo y le derramaron gaseosa en su cabeza”.
El fallo de los jueces señala que no existían antecedentes clínicos previos que indicaran la presencia de epilepsia, la cual se volvió crónica e incurable tras el pico de estrés vivido por la joven por los episodios de discriminación y violencia en el ámbito escolar.
Las pericias psicológicas respaldaron la opinión de los profesionales que tuvieron el primer contacto con la denunciante y concluyeron que los eventos vividos fueron tan “perturbadores” para ella que desembocaron en un “trastorno de conversión con convulsiones”.
Desde la institución educativa se minimizaron los hechos, asegurando incluso que no habían existido, o al menos que no habían sido notificados, cuando un testigo que participó del proceso judicial señaló que “si iban a hablarle a algún directivo del colegio hacían ‘oídos sordos’”. En ningún momento la escuela ofreció contención psicológica por parte de su gabinete, ni puso en práctica el Acuerdo de Convivencia tal como establece la normativa vigente, incluyendo la generación de espacios denominados “Asambleas de Aulas” o reflexiones intergrupales.
Al ser diagnosticada con epilepsia crónica, considerada una discapacidad, basándose en el artículo 1767 del Código Civil y Comercial, la Justicia local entendió que el colegio debía responder por el daño sufrido y causado. Ordenó al establecimiento pagar una cifra de $3.178.847,98 más los intereses que deben ser liquidados y también endurecieron “el resarcimiento por daño moral a la suma de $3.199.999″. En total, la suma que deberá afrontar la institución supera los $6.378.846.