Los padres de Loan Danilo Peña, José Peña y María Noguera, junto a sus abogados, solicitaron ante la Justicia una serie de medidas apoyadas en el trabajo científico y tecnológico para fortalecer la búsqueda del niño, desaparecido desde junio de 2024.
Una de las peticiones clave es que se realice un “envejecimiento forense de la imagen” (Age Progression) para poder avanzar en una caracterización de cómo se vería el pequeño actualmente. Esta técnica, ya empleada en otros casos, busca actualizar la información crítica en el expediente y facilitar la búsqueda y localización del damnificado.
Cómo se llevaría a cabo la actualización del rostro
La familia busca que esta medida se haga desde el expediente y se difunda ampliamente, convirtiéndose en otro punto solicitado: la reactivación y actualización de las alertas federales para la búsqueda del pequeño.
Para llevar adelante el trabajo de Envejecimiento Forense, se contempla que pueda ser realizado tanto por especialistas de la Justicia como por agentes privados. Específicamente, los abogados solicitaron la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad para la elaboración del trabajo.
Una vez generado el nuevo rostro proyectado, se reclamó su incorporación al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR, además de peticionar su remisión a INTERPOL Argentina para la actualización correspondiente en el sistema internacional.
La demanda por el aumento de la recompensa
Otro de los pedidos de los abogados María Belén Russo Cornara y Gustavo Alejandro Sánchez, radicados ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, se vincula con la necesidad de aumentar la recompensa para aquellas personas que deseen colaborar con datos certeros sobre el paradero del niño.
Los letrados argumentaron que la suma actualmente vigente, de $5.000.000, se presenta como “insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente”. Esta valoración se basa en la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición.
Según el documento presentado, la insuficiencia de la recompensa produce dos “efectos negativos”: la reducción significativa de testigos y la pérdida de la dimensión pública y social de la situación. Los abogados aseguran que estos pedidos “no se plantean como un déficit de la investigación” sino como una oportunidad para ampliar el trabajo ya construido con rigor.
Mientras la familia espera respuestas sobre estas medidas, la causa avanza hacia el juicio oral programado para principios del próximo año, donde 17 acusados enfrentarán a la Justicia. Siete de ellos están acusados por la sustracción y ocultamiento del niño, y otros 10 por delitos como entorpecer la investigación y manipular testimoniales.