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SUSCRIBITE El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha decidido avanzar con determinación en dos medidas centrales que han sacudido el panorama político del país: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía y la ley Ómnibus. La estrategia se define como "a todo o nada", marcada por una postura inflexible en las negociaciones, buscando la aprobación durante las sesiones extraordinarias sin conceder grandes concesiones ni extender el período.
La principal moneda de cambio en esta negociación es el proyecto postergado para revertir la subida del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Esta medida, comprometida por Milei durante la campaña, es clave para los gobernadores, quienes ahora se ven condicionados por el Gobierno. "No se trata de un chantaje, es parte de la negociación política", declaró un funcionario del círculo ejecutivo.
La promesa de revertir el tributo coparticipable, recortado durante la campaña de Sergio Massa, fue hecha por Milei en una reunión con todos los gobernadores. Sin embargo, la falta de inclusión de este tema en el DNU de desregulación económica y en el proyecto de ley Ómnibus ha generado tensiones. La fecha para avanzar dependerá de las negociaciones en el Congreso sobre los temas prioritarios para Milei.
El Gobierno utilizará la reforma de Ganancias para condicionar a las provincias y a los legisladores, sobre quienes recae la aprobación de las medidas. Se advierte que, como mínimo, el proceso no entrará en las sesiones extraordinarias, postergándose hasta febrero.
La gestión de los tiempos en el proceso parlamentario es fundamental en la estrategia de Milei, quien busca acelerar argumentando la emergencia, aunque se reconoce la urgencia de avanzar antes de que las consecuencias sociales del ajuste generen descontento público. La fijación del 31 de enero como fin de las extraordinarias tiene como objetivo evitar la prolongación del debate.
El Ejecutivo se muestra inflexible en sus ambiciones en el Congreso, dispuesto a introducir solo modificaciones menores en algunos temas, como el manejo de los recursos energéticos. La posibilidad de usar "otras herramientas constitucionales", como un nuevo decreto o un plebiscito, se menciona en caso de no obtener suficiente respaldo en el Congreso.
En un tono optimista, el Gobierno confía en alcanzar acuerdos para la mayoría simple, aunque reconoce que temas que requieren mayoría especial, como la reforma política, serán más difíciles de aprobar. Las tensiones con algunos gobernadores peronistas, especialmente Kicillof, se intensifican, pero el Gobierno sostiene que las diferencias son parte del proceso negociador.