Los diálogos entre el Gobierno y los bloques aliados se aceleraron al máximo esta semana y se vive un clima de frenetismo en Casa Rosada a pesar de la ausencia del Presidente. Javier Milei pidió desde Davos a sus alfiles en el Gabinete y el Congreso que avancen para obtener dictamen el próximo lunes a favor de la Ley Ómnibus, con el objetivo de sesionar antes del paro de la CGT del miércoles 24. Y esta tarde, a las 17, los funcionarios que quedaron a cargo de las negociaciones irán a Diputados a reunirse con los jefes de las bancadas que apoyarían una versión modificada.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a su asesor, “Lule” Menem; la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el autor de la iniciativa, Eduardo Rodríguez Chirillo, apuran las conversaciones para armar “el proyecto del dictamen”, como llaman en la Cámara baja a la versión modificada de la iniciativa. Las concesiones ya están aprobadas por el Presidente, y hoy a las 17 los tres primeros, junto al asesor Santiago Caputo, se encontrarán en la Cámara baja a las 17 con Cristian Ritondo y Miguel Pichetto, por separado.
Apurado por dar una señal de fortaleza política antes del paro, Milei aceleró durante los últimos días los guiños a sus aliados del PRO, de las fuerzas provinciales anti K y del bloque de Hacemos Coalición Federal que conduce Pichetto con la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En la bancada de LLA cuentan que quiere obtener dictamen entre mañana y el próximo lunes, inclusive, para llamar a sesionar sobre tablas el mismo martes.
Hubo versiones de que el debate en comisión se adelantaría al sábado o al domingo, pero el reglamento impediría la posibilidad de reunirse por fuera de la semana hábil, y por ahora esa opción es endeble. “Vamos a dar dictamen y al día siguiente o al otro a más tardar vamos a sesión. En dos días puede estar”, dijeron, confiados, en el bloque violeta.
La sesión ocurriría el martes o el mismo miércoles, cuando los gremios de la CGT, organizaciones sociales, los partidos de izquierda y asociaciones civiles críticas tienen planeado reunirse masivamente en torno a la Casa de Gobierno contra el “paquetazo”, como lo llamó el FIT.
El primer paso para avanzar es presentarle a la oposición el documento reformado, que se encuentra en pleno proceso de redacción y podría conocerse entre hoy y mañana. Y para eso se multiplican las reuniones con propios y ajenos. Por caso, ayer Francos estuvo reunido por primera vez con el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que venía presionando, con disimulo, para reunirse con algún representante del Ejecutivo en representación del ala “rebelde” de los amarillos. Y el ministro, que estaba decidido a mantener el diálogo con los legisladores en el marco del Congreso, supuestamente para no pisarse con Menem, terminó accediendo.
Fue una reunión de peso porque Ritondo, alineado en la tropa de Mauricio Macri, había quedado golpeado tras la decisión de Milei de designar a un libertario al frente de Diputados, desoyendo los pedidos velados del ex presidente para quedarse con ese relevante lugar. Desde aquel revés para el PRO, el diálogo con el Ejecutivo había quedado suspendido. Según dejaron trascender desde ambos lados, hubo buena sintonía y predisposición para acompañar, siempre que se incluyan las modificaciones pedidas. Esta tarde, en los despachos de Pro, liderados por Ritondo, estaban escribiendo a contrarreloj la variante de los artículos.
Además, los gobernadores de las 10 provincias exploradoras de hidrocarburos mantienen desde hace semanas, cada vez más seguido, fluidas charlas con el titular de Energía, Chirillo, autor del grueso de los 664 artículos del ambicioso proyecto “Bases”. Y, por lo que escucharon de parte de la Nación, están confiados en que aceptará incluir todos los cambios que pidieron en el articulado que reforma la regulación de la industria, en especial sobre el rol de las provincias en el cobro de regalías y plazos de licitación, entre otros puntos. Lo mismo ocurre con las provincias pesqueras, en diálogo con Francos.
Los libertarios contemplan cinco ejes de modificaciones que aceptarían incluir en la iniciativa: retenciones, movilidad jubilatoria, delegación de facultades y las regulaciones sobre industrias clave para las economías regionales. Pero no hay una definición aún sobre qué pasará con el capítulo electoral. Para el asesor más cercano a Milei, Santiago Caputo, cerebro de la estrategia de comunicación, consultor y autor de la reforma política, es central e innegociable. Pero no se descarta excluir la introducción del sistema de representación uninominal por circunscripciones y la eliminación del mínimo de diputados por provincia, para dejar únicamente la eliminación de las PASO.
La movilidad jubilatoria es una de las “líneas rojas” para los aliados, y el ministro de Economía, Luis Caputo, define con celeridad las características de la nueva fórmula. Están dispuestos a cambiarla tras los fuertes reclamos de los bloques cercanos a LLA, pero no decidieron aún si indexarán los ingresos para atarlos a la inflación como les pidieron, y mantienen bajo estricta reserva las alternativas evaluadas.
En el plano de las economías regionales, los popes de la actividad vitivinícola, de la producción de cerveza, yerba mate, madera y de la pesca, por nombrar algunos, pusieron el grito en el cielo por etapas a lo largo últimas semanas, incluso con amenazas subterráneas de presentaciones judiciales. Y el Gobierno intenta contenerlos. Esta tarde, por ejemplo, Francos recibe con Villarruel en Casa Rosada a los representantes de los gigantes madereros, entre ellos, a directivos de Ledesma, además de los diálogos de Chirillo con los dueños de las petroleras nacionales y extranjeras.
Por último, el porcentaje de las retenciones será clave. Si bien en la Casa Rosada avisaron que no tocarán los valores de la soja y el trigo (están firmes en considerarlos pertinentes, sobre todo en un año donde se perfila una cosecha récord), en otros casos conocidos aceptarán dar marcha atrás con la suba al 15 por ciento para mantener los porcentajes en el 8 por ciento. Mencionan a la industria vitivinícola, la cerveza, yerba, varias industrias. “El tema hizo mucho ruido y no vale la pena por el nivel de recaudación. Puede traer demasiados problemas y no hace la diferencia”, razonaron.
Además, está la cuestionada delegación de facultades para el Ejecutivo, que provocó preocupación y alarma de los sectores opositores. En principio, el Gobierno aceptaría fijarla en un año en lugar de cuatro, como habían pedido inicialmente.
El Gobierno da por sentado que logrará aprobar el proyecto en Diputados la semana próxima y en el Senado antes del final de las sesiones Extraordinarias, fijadas hasta el 31 de enero, al punto de que, mientras ultima los detalles del proyecto reformado, ya piensa en el modo de comunicar los cambios. El plan es presentar la promulgación con concesiones como una primera, gran victoria política frente a los embates de los sectores combativos que saldrán a la calle el miércoles, a pesar de que, en rigor, debió ceder en la postura intransigente de las primeras semanas.
