La causa judicial por la sorprendente transferencia de 510.236.811 pesos a la cuenta de Verónica Acosta, que según el Gobierno de la vecina provincia de San Luis se habría originado por un “error de tipeo”, dio un giro inesperado. En las últimas horas, la Justicia provincial resolvió dejar sin efecto la fianza millonaria y las prisiones preventivas que pesaban sobre los imputados. Todos permanecen ahora en libertad, aunque el procesamiento por los delitos imputados sigue vigente.
El episodio se remonta al 6 de mayo, cuando Acosta, usuaria de una billetera virtual vinculada al cobro de la cuota alimentaria de su hijo, recibió en su cuenta personal una transferencia por más de 510 millones de pesos. La operación, registrada como proveniente del Gobierno provincial, despertó sospechas de inmediato por el monto desproporcionado.
Al día siguiente se realizaron allanamientos en los domicilios de los involucrados, con detenciones y el secuestro de bienes que se presume fueron adquiridos tras el sorpresivo depósito. Poco después, en una audiencia judicial, se dispuso el procesamiento de los imputados, el dictado de prisión preventiva y una caución de cinco millones de pesos por persona. La defensa calificó esa fianza como “impagable”.
La decisión judicial más reciente responde a un recurso de apelación presentado contra el fallo del 16 de junio. En ella, el tribunal resolvió revocar las prisiones preventivas y anular la fianza total de 30 millones de pesos, aunque ratificó el procesamiento por los delitos de defraudación especializada mediante uso de tarjeta de débito continuado, fraude a la administración pública y retención indebida.
Según el abogado defensor Hernán Echeverría, no se acreditó el uso de datos falsificados ni de tarjetas adulteradas. Afirmó que la cuenta receptora estaba a nombre de Acosta, quien no habría utilizado ningún mecanismo electrónico ilegítimo. Además, argumentó que no existió intención fraudulenta, ya que la operación se habría originado como un error automatizado del sistema de pagos oficial.
En cuanto al dinero, más de 465 millones fueron reintegrados automáticamente al sistema. Del resto, una parte fue secuestrada en los operativos judiciales y otra fue devuelta de forma voluntaria. La defensa también indicó que no hubo una intimación formal para la restitución, lo que debilita la figura penal de retención indebida.
Acosta, por su parte, explicó que al recibir el dinero no entendía su procedencia y que en la aplicación solo figuraba la palabra “data”. Sostuvo que, ante su situación de necesidad, comenzó a usar parte del monto para adquirir electrodomésticos, alimentos, un vehículo usado y materiales de construcción para su vivienda. También transfirió fondos a familiares, en un total de 66 movimientos que, según dijo, fueron de a 500 mil pesos cada uno.
