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SUSCRIBITELa resolución del ENRE que otorga prioridad de uso a un megaproyecto minero sobre la línea de 500 kV abrió un frente de tensión con la Provincia y otras empresas. La posible negociación ante los reclamos, antes de la audiencia pública.
La ampliación de la línea de 500 kV en San Juan enfrenta intereses cruzados entre inversión privada, control provincial y acceso al sistema eléctrico.
El panorama energético y minero en San Juan se encuentra en un punto de ebullición debido a una disputa técnica y económica por la capacidad de transporte eléctrico. En el centro del conflicto está la Resolución Nº 079/26 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que otorgó a un megaproyecto minero una prioridad del 90% sobre la capacidad de transporte remanente de la línea de 500 kV por los próximos 25 años, a cambio de inversiones.
Ante el revuelo que se armó y las presentaciones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y la minera Los Azules, el ENRE oficializó el avance del proceso y confirmó que convocará a una audiencia pública para analizar el tema.
Eso permitió que haya bajado el nivel de los chispazos y mientras las partes afilan sus argumentos técnicos, surgió en el horizonte una posible salida negociada para evitar un choque legal prolongado.
San Juan cuenta con una Línea de 500 kV que conecta Mendoza con la estación Transformadora Nueva San Juan, construida con aportes nacionales, provinciales y de los propios usuarios sanjuaninos.
Para conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y poder hacer funcionar su futura mina de cobre, el proyecto Vicuña ofreció invertir millones de dólares para energizar la línea Nueva San Juan – Rodeo, que actualmente está limitada a 132 kV, para que pueda operar finalmente en 500 kV.
Por eso debe construir un campo de salida en 500 kV en la ET nueva San Juan, y en el otro extremo de la línea, una estación completamente nueva que incluya toda la playa de 500 kV y los transformadores de potencia correspondientes.
Desde allí una línea eléctrica en 500 hasta la Estación Chaparro (límite con La Rioja), una nueva ET en 500 en ese lugar con la misma magnitud y respectivas líneas intermedias. Y desde allí una línea eléctrica de uso privado hasta Josemaría. A cambio de toda esa inversión, el ENRE le cedió la prioridad de uso del 90% de capacidad de transporte de las nuevas obras, incluso las que tendra que realizar en la línea preexistente.
El principal reclamo del ente regulador provincial (EPRE) es que la decisión no puede tomarse a puertas cerradas y exigieron una audiencia pública donde la provincia pueda exponer sus pretensiones, recordando que la infraestructura actual no surgió de la nada, sino que fue financiada por los ciudadanos y el Estado provincial.
No solo eso: además el EPRE quiere que se cumpla la normativa provincial que obliga a las mineras a realizar aportes de plata que beneficien a la economía general más allá de la vida útil de sus yacimientos.
Por otro lado, especialistas técnicos y competidores privados han puesto la lupa sobre los números. Argumentan que el ente nacional se está "extralimitando" al aplicar una norma pensada para líneas nuevas a una estructura que ya existe y que se han hecho mal los cálculos técnicos.
Según sus cálculos, otorgar el 90% del excedente actual equivale a entregar el 64% de la capacidad total de la línea, lo que podría impedir que futuros proyectos mineros se conecten al sistema público sin tener que pedir permiso o negociar con la empresa titular.
Además del sector privado, estos puntos son compartidos por otros estamentos públicos provinciales, según confirmó Tiempo de San Juan.
Desde la perspectiva de Vicuña, la prioridad de acceso es una medida de protección necesaria que surgió de una planificación de años, y que esta contemplada en la normativa vigente en el páís.
El proyecto minero implica obras de gran envergadura, como la construcción de una nueva ET en Rodeo y la adecuación de líneas existentes para que operen en 500 kV que traería otro gran beneficio: la posibilidad de creación de futuros parques solares que con esas obras podrán inyectar la energía que produzcan. Hoy por hoy eso no es posible.
Además, fuentes cercanas sostienen que la prioridad de uso busca evitar que terceros se beneficien de una infraestructura financiada por capital privado sin haber aportado a su construcción. Y aclaran que siempre queda un 10% de margen operativo de libre acceso para otros usuarios y que la prioridad de uso puede ser comercializada (vendida) o cedida a otros proyectos mediante negociación.
A pesar de la tensión inicial, el nivel de confrontación ha disminuido en los últimos días, dando paso a reuniones explicativas entre las partes. La posible solución que cobra fuerza en los despachos oficiales es lograr un acuerdo de partes antes de que se concrete la audiencia pública convocada por el regulador nacional ENRE. Incluso aseguran que Vicuña, aunque tenga la prioridad de hasta el 90% sobre el uso de la línea, no implica que vaya a usarla toda. Por lo tanto, la energía alcanzará para otros proyectos mineros.
La apuesta es que, a través del diálogo, se logren corregir los posibles errores en los modelos de cálculo técnico y se asegure que la inversión privada conviva con el desarrollo de otros emprendimientos provinciales y mineros.
De alcanzarse este consenso, la audiencia pública serviría para ratificar los cambios necesarios en la resolución inicial, permitiendo que la obra avance con el visto bueno de todos los actores involucrados, al mismo tiempo que se garantice la seguridad jurídica tanto para la minera como para los usuarios de San Juan. Por eso es que la audiencia también involucrará a la distribuidora eléctrica.