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SUSCRIBITE El juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, ha decidido habilitar la feria judicial de enero para abordar los amparos que cuestionan la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, emitido por el gobierno de Javier Milei. La medida va más allá de las suspensiones temporales de las reformas laborales, extendiéndose al conjunto del DNU.
Fuentes judiciales han informado que Lavié Pico desmontó el amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, argumentando que cada expediente debe ser tratado por separado. Esto abre la posibilidad de que el DNU sea declarado inconstitucional en su totalidad.
El magistrado también ha abierto la feria para evaluar la solicitud del Poder Ejecutivo de trasladar las causas laborales relacionadas con el DNU al fuero contencioso. Sin embargo, la estrategia del gobierno se ve comprometida debido a la desaparición del amparo colectivo, lo que significa que cada causa será tramitada en su tribunal correspondiente. El gobierno tiene la opción de apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Diversas demandas han sido presentadas contra el DNU, y la última semana de diciembre el juez Esteban Furnari otorgó el estatus de amparo colectivo a la demanda del Observatorio. Ante el inicio de la feria judicial, las partes solicitaron su habilitación para su tramitación durante el receso de enero, argumentando que los efectos del DNU ya están en vigor y podrían ser perjudiciales. El juez Lavié Pico aceptó el planteo, argumentando que la demora impuesta por el receso judicial entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos.
El juez también solicitó al gobierno nacional que responda a los amparos, otorgándole tres días para contestar el pedido de medida cautelar y cinco días para abordar el fondo del reclamo sobre la constitucionalidad del DNU.
A pesar de la aceptación del planteo para habilitar la feria, Lavié Pico desmontó el amparo colectivo, indicando que cada demanda debe tramitarse por separado. Esta decisión representa un revés para el gobierno, ya que buscaba acumular todas las causas en un amparo colectivo que ya no existe.
El gobierno puede apelar la decisión, pero mientras tanto, las medidas cautelares contra las reformas laborales del DNU seguirán vigentes, marcando así una primera derrota judicial para el Poder Ejecutivo en este caso.