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SUSCRIBITEEn medio de las presentaciones judiciales de la CGT, el oficialismo no ve otra salida.
“La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar”, señaló un funcionario de primera línea del Gobierno cuando se lo consultó por el futuro de la reforma laboral que se encuentra judicializada por la CGT principalmente, entre otras expresiones sindicales.
El oficialismo sabe que la central obrera no se va a rendir en su estrategia judicial. Porque, considera, “es el único camino que tiene”. El problema que dispone el sindicalismo, a los ojos de La Libertad Avanza, es que tendrá una nueva derrota cuando sea el máximo tribunal de Justicia el que determine la constitucionalidad de la normativa que fue sancionada en sesiones extraordinarias.
La ley fue declarada legal la semana pasada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló a favor del Estado en el expediente caratulado “Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa”.
Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González decidieron modificar el alcance de la apelación, permitiendo que la reforma laboral impulsada por la gestión libertaria recupere su plena vigencia operativa tras la medida cautelar obtenida por la calle Azopardo.
Ante este panorama, el movimiento obrero recusó este lunes a los dos miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones, y pidió la “nulidad absoluta” de ese fallo que reactivó la vigencia de la ley.
Para la dirigencia cegetista, la recusación a los magistrados fue “por haber prejuzgado" sobre los derechos que constituyen la materia de fondo de la cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.
Asimismo, recusó también a Pesino por “favorecer la posición de la demandada”, en alusión al Estado nacional, y simultáneamente ser favorecido con un pedido al Consejo de la Magistratura para que siga en el cargo más allá de los 75 años, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.
Obtener “un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley”.
El escrito legal califica la conducta del Estado como “descalificable” al promover la continuidad en el cargo más allá de los 75 años (tal como marca la Constitución Nacional reformada en 1994) “de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial”.
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