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SUSCRIBITE Tras la aprobación del proyecto general, Diputados volverá a debatir y votar el próximo martes 6 de febrero varios artículos de la Ley Ómnibus. Hasta esa jornada, el Gobierno nacional tendrá tiempo de negociar con los gobernadores y los bloques dialoguistas puntos como el Impuesto PAIS, privatizaciones, facultades delegadas y deuda.
El impuesto PAIS está sobre la mesa desde hace varios días. Los gobernadores aseguran que el lunes pasado hubo un preacuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la controvertida reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde le pidieron que se reparta el 30% del impuesto. El Gobierno negó desde esa noche que hayan accedido al reclamo y se mantuvo firme en que no están dispuestos a reintroducir ningún eje del capítulo fiscal que retiraron hace una semana para presionar a las provincias.
“Con esta ley el gobierno no va a poder recaudar porque se quitó el capítulo fiscal (retenciones, blanqueo, jubilaciones, etc.). No puede salir perdiendo también con la coparticipación del impuesto PAIS”, explicaron desde el sector dialoguista. Los gobernadores buscan la forma de robustecer las arcas provinciales tras el recorte de las transferencias del Tesoro, de la obra pública y del impuesto a las Ganancias.
El texto que se aprobó en general fue votado con la exclusión de todos los artículos del paquete fiscal, excepto los dos referidos al impuesto PAIS. Esto deja abierta la posibilidad de introducir el tema durante la votación en particular. En la práctica se trata de un mecanismo que le garantiza a los diputados de la oposición que el Gobierno cumpla con la promesa de buscar alguna alternativa, por ejemplo, compensaciones a las deudas de las cajas previsionales de las provincias (Córdoba sería una de las más beneficiadas).
Por otro lado, los votos de los diputados de Córdoba son fundamentales para avanzar con otro punto central para el Gobierno: las emergencias y las facultades delegadas. En medio de las negociaciones, los cordobeses dejaron trascender que sólo estarían dispuestos a aprobar tres emergencias: fiscal, administrativa y de seguridad. Las mismas tres que tiene Llaryora como gobernador. Así, quedarían los votos muy justos para la emergencia tarifaria, económica y energética.
En cuanto a las privatizaciones, ayer se registraron importantes avances cuando el Gobierno envió una nueva redacción del capítulo, que incluye varios artículos nuevos. No obstante, el consenso no es total.
El listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres compañías que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.
Además, las empresas se dividieron en tres artículos, con sus respectivos anexos con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división buscaba facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Sin embargo, el recorte no logra por el momento suficientes apoyos y el radicalismo no apoya la privatización del Banco Nación.
Por otro lado, incluyeron un artículo para que antes de que se inicie el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Para la oposición este informe no puede quedar en manos del Poder Ejecutivo. “No pueden definir ellos mismos cuánto vale una empresa antes de venderla”, ejemplificaron.
El Gobierno se comprometió a retomar el diálogo con los gobernadores y la oposición durante el fin de semana para seguir acercando posiciones. El punto clave es la inclusión en el debate de la coparticipación del Impuesto País, propuesta que empujan los diputados cordobeses y exige tratar el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
En el recinto cada presidente de bloque siguió una línea discursiva que bien representa lo que han negociado en los últimos días. Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Rodrigo De Loredo (UCR) marcaron sus diferencias con el oficialismo, criticaron la falta de experiencia del Gobierno para negociar la ley y se mostraron como garantes de la gobernabilidad.
Cristian Ritondo (PRO) apuntó contra el kirchnerismo y dijo que no cogobiernan, aunque el espacio político que lidera acompañó mayoritariamente el proyecto de ley y sus legisladores se muestran como los principales sociales del gobierno de Javier Milei. Germán Martínez (Unión por la Patria) tuvo un extenso discurso en el que acusó a los opositores dialoguistas de contradecir sus plataformas electorales y votar privatizaciones de empresas públicas, entre otros temas.
Existe en el Congreso un clima de tensión permanente. El más lógica es el vínculo, casi nulo, entre el peronismo y La Libertad Avanza. El que más debería preocupar al Gobierno es el que tiene con los bloques dialoguistas. Las principales espadas legislativas de esos espacios se quejaron en forma reiterada - y durante las últimas semanas - por la falta de pericia política para poder generar acuerdos y negociar, punto por punto, el enorme proyecto de ley.
Con ellos y los gobernadores deberá salvar lo que queda de la ley y acordar los capítulos centrales para poder aprobar la votación en particular. De aquí al martes es una eternidad. El oficialismo debe volver a asegurarse el quorum y destrabar la negociación del Impuesto País, la emergencia, las privatizaciones y las delegaciones de facultades. Punto por punto, para poder tener la mejor ley posible para su anhelo, que es distinta a la que llegó a la Cámara de Diputados en el comienzo de enero.
El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), es un tributo que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera. Se trata de un tributo de emergencia que se aplicará a nivel nacional, según lo previsto, durante cinco períodos fiscales, desde su establecimiento el 26 de diciembre de 2019.
El Impuesto PAIS recaudó a lo largo de 2023 unos $1,5 billones, con un incremento del 335% respecto del 2022 de lo que se infiere que las provincias se quedaron con $450.000 millones. Este impuesto nació en la práctica para desalentar que las personas compren “dólar “ahorro”, pero se convirtió con el paso del tiempo en una fuente de recursos importante.
Destacó en el primer mes de 2024 el récord de lo ingresado por el Impuesto PAIS, pese a que en valores nominales se redujeron al mínimo las compras de dólar ahorro, porque pasó a ser de lejos el más caro de la plaza financiera y cambiaria. Fueron unos $469.199 millones, un 6,1% del total de los recursos tributarios que alcanzaron lo 7,7 billones de pesos. La recaudación del impuesto PAIS aumentó 1.253% respecto de enero de 2023, y un 50% frente a diciembre del año pasado.
Un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) destacó que en enero del 2024 hubo un récord de recaudación mensual del impuesto PAIS. “Luego del fuerte aumento de la carga tributaria del impuesto PAIS de fines de julio, cuando comenzó a gravar la compra de algunos bienes y servicios importados con una alícuota del 7,5%, la recaudación del tributo se disparó. En agosto de 2023 aumentó un 187% en términos reales respecto al mes previo. A días de la asunción del nuevo Gobierno, la alícuota sobre bienes y servicios importados se elevó hasta el 17,5%. Como resultado, la recaudación del tributo en enero aumentó 25,4% en términos reales respecto al mes de diciembre y se ubica en un máximo real”.
Fuente: Infobae
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