“Nosotros no tenemos plata. Con lo cual las obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado”, planteó durante una entrevista el presidente electo, Javier Milei y encendió la alarma por la cantidad de obras públicas que están en proceso de desarrollo en el país, que rondan unas 3.500. En ese contexto, el futuro mandatario declaró: “Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena”. Pero, de qué se trata este modelo de obras “a la chilena” que se aplica del otro lado de la Cordillera desde 1993.
La primera obra pública adjudicada a privados en Chile ese año fue la del túnel El Melón, que se ubica en la ruta 5 norte y conecta las provincias de Quillota y Petorca de la Región de Valparaíso, a través de un ducto con dos vías con sentidos contrarios en los cerros Las Estaquitas, Los Caracoles, Los Quillalles y El Espino, consigna el diario Los Andes.
Según el modelo, el actor privado construye y recibe el derecho de explotar una inversión. Bajo ese concepto, el sistema consiste en licitar entre empresas privadas la construcción de obras de infraestructura pública mediante un contrato entre el Estado y las firmas concesionarias. Las empresas luego se hacen cargo de gastos y actividades para que la prestación sea adecuada y funcione como estaba planeado, siempre con el seguimiento de las autoridades, que tienen la función de ‘garantes’. Generalmente, se instalan tasas, tarifas especiales o peajes para explotar esa obra y obtener una remuneración por acciones como iluminación, señalización y la mantención de los caminos.
Entonces, el principal desafío es crear un marco regulatorio que haga atractivo para una empresa privada participar en obras de infraestructura, asumiendo riesgo y obteniendo financiamiento.
El resultado del modelo
En Chile, actualmente existe una gran cantidad de autopistas, túneles, cárceles, puentes y hospitales que se levantaron con ese criterio. “Hoy la red caminera de Chile es reconocida como una de las mejores de América Latina, y se han construido 20 hospitales concesionados, 10 cárceles, y eso es algo que hay que considerar como parte del éxito, pero a la vez ha permitido que los recursos públicos que se podían haber destinado para esos fines, hayan sido destinados a mejorar la infraestructura complementaria. Chile tiene 80 mil kilómetros de caminos pavimentados, de los cuales 3.000 son concesionados. Pero los recursos que estos caminos concesionados han liberado para el Estado, han permitido mejorar del orden de 10 a 12 mil kilómetros de la red alternativa”, dijo a El País Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas del Gobierno del expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006).
De todos modos, Hernán de Solminihac, exministro de Obras Públicas y de Minería del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), expresó a La Nación una idea errónea que se contempla en Argentina sobre el modelo chileno de las concesiones. Y es que el Estado no abandona la actividad.
“El Estado no se retiró de la obra pública, los privados tienen un rol muy importante a través de concesiones (…). Eso permite liberar recursos públicos para otras iniciativas”, dijo. A eso sumó que “para nada desaparece el Estado (como lo propuso Milei en base a su ideología libertaria), sigue invirtiendo”.
El sistema utilizado en Chile se decide en función de una “evaluación de la rentabilidad social; eso permite focalizar la inversión. Además, participan las regiones para definir prioridades”.
Habrá que ver ahora, teniendo en cuentas las condiciones actuales del país y la respuesta del sector privado aquí, cómo podrá desarrollarse el concepto.
Fuente: Los Andes
