Uruguay es sin duda uno de los países de América Latina que menos reparos tiene con temas considerados tabúes. En el 2013 se regularizo el mercado en torno a la marihuana cuando en otros países aun debate hasta qué punto sí y hasta dónde no. Ahora, dieron un paso más, avanzando en la media sanción del proyecto de ley que legaliza la eutanasia. La decisión final quedará en manos de los senadores.
La iniciativa establece un marco legal para regular y garantizar “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”. El texto aprobado por la cámara baja detalla que la medida busca ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos.
Para evitar la polémica, se establecieron una serie de requisitos que deben cumplir las personas que deseen acceder a la eutanasia. Entre ellos se encuentran ser mayores de edad, con capacidad psíquica plena, que se encuentren atravesando la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o sufran dolores que resulten insoportable. La solicitud deberá contar con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud. La norma limita el acceso a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.
Permitirse el debate en primera instancia, y darle la media sanción luego, es sin duda brindar una oportunidad a un debate que no es nuevo, pero suele ser ignorado por las agendas de los países, dejando de lado la posibilidad de reconocer a la muerte asistida como un derecho.
No es la primera vez que la eutanasia forma parte de la agenda legislativa en el vecino país. La primera discusión sobre la muerte asistida se dio en 2019, mientras que una propuesta similar presentada en 2022 fracasó en el Senado. Actualmente, la legislación uruguaya contempla desde 2013 el derecho de los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal.
Si el debate en el Senado obtiene el visto bueno, Uruguay se convertiría de esta manera en el tercer país de América Latina en contar con una un marco legal y regulatorio para la muerte asistida, junto con Colombia y Ecuador.