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SUSCRIBITEUn cambio en las políticas de uso encendió la polémica mundial: la compañía detrás del famoso chatbot admitió que, en ciertos casos, sus diálogos privados podrían terminar en manos de las autoridades.
ChatGPT está teniendo un día complicado.
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Un cambio en las políticas de uso encendió la polémica mundial: la compañía detrás del famoso chatbot admitió que, en ciertos casos, sus diálogos privados podrían terminar en manos de las autoridades.
OpenAI, la empresa que lidera Sam Altman, actualizó las condiciones de uso de ChatGPT y confirmó que, ante determinadas circunstancias, los chats de los usuarios podrían ser revisados y eventualmente compartidos con organismos policiales.
El anuncio apareció en una publicación oficial de la compañía y despertó críticas entre especialistas en privacidad digital y defensores de los derechos en internet. Según la organización, la medida busca prevenir riesgos graves para la seguridad y atender casos sensibles relacionados con la salud mental.
La propia empresa detalló en sus políticas que tiene la potestad de remitir información personal o diálogos de ChatGPT a las autoridades si detecta actividades ilegales, amenazas de daño inminente o situaciones que comprometan la seguridad de los usuarios y del público.
“Podemos compartir datos con organismos gubernamentales o terceros si la ley lo exige o si lo consideramos necesario para prevenir fraudes, proteger la integridad de nuestros productos, salvaguardar a las personas o responder ante responsabilidades legales”, explica la compañía en su sitio.
El proceso incluye una primera revisión de los chats por parte de un equipo reducido de empleados entrenados en las políticas de la plataforma. Si determinan que existe una amenaza seria, el caso podría escalar hacia la policía.
Aunque la práctica parece controvertida, no es nueva en el mundo digital. Incluso plataformas con sistemas de encriptación han debido entregar información tras recibir órdenes judiciales. La diferencia, en el caso de ChatGPT, es que la compañía reconoce abiertamente que puede analizar conversaciones antes de cualquier pedido externo.
La actualización de los términos coincide con un episodio que puso a OpenAI en el centro de la tormenta: la demanda presentada por los padres de un adolescente de 16 años que se quitó la vida.
Según la acusación, el joven habría recibido de ChatGPT instrucciones vinculadas al suicidio. Los demandantes aseguran que la plataforma no activó protocolos de emergencia, pese a detectar frases que reflejaban un intento claro de autolesión.
“El proceso pondrá en cuestión hasta qué punto Sam Altman y OpenAI priorizaron el lanzamiento de ChatGPT por sobre la seguridad de los usuarios”, señaló el abogado de la familia en declaraciones a la prensa.