El diputado boliviano por la Alianza Popular, Rolando Pacheco, ha denunciado formalmente que aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina habrían transportado cargamentos de gases lacrimógenos a Bolivia, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, para reforzar la represión estatal contra las crecientes protestas sociales en el país.
La denuncia de los vuelos argentinos
Según el legislador, la información provino de "militares patriotas" bolivianos, quienes alertaron sobre dos vuelos en los que, además de la asistencia alimentaria oficializada por el gobierno argentino, se habría trasladado material represivo. Pacheco enfatizó que este ingreso de naves militares extranjeras no contó con la autorización de la Asamblea Plurinacional, calificando el hecho como una violación inconstitucional.
Por su parte, el gobierno de Javier Milei ha mantenido la versión oficial de que el despliegue del avión Hércules C-130 responde a un pedido de colaboración del Estado Plurinacional de Bolivia para realizar un "puente logístico aéreo" destinado a la distribución de alimentos e insumos esenciales ante el desabastecimiento provocado por los bloqueos de rutas.
Contexto de asfixia social y protestas populares
Esta denuncia surge en un momento crítico para el gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió el mando en noviembre de 2025. Bolivia atraviesa una situación social apremiante caracterizada por:
- Bloqueos masivos: Existen entre 50 y 70 puntos de bloqueo en las principales rutas del país, liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores mineros.
- Demandas económicas: Los manifestantes reclaman mejoras salariales (un aumento del 20%), soluciones ante la falta de empleo y la escasez crítica de combustible, además de cuestionar las políticas sobre hidrocarburos y el manejo del litio.
- Desabastecimiento: La ciudad de La Paz se encuentra cercada, lo que ha generado falta de alimentos, oxígeno medicinal y medicamentos, reportándose incluso muertes por falta de asistencia médica oportuna.
- Represión estatal: El gobierno ha respondido con el despliegue de más de 3.500 efectivos policiales y militares para despejar las rutas mediante el uso de gases lacrimógenos y, según denuncian sectores opositores, balas, dejando un saldo de múltiples heridos.
Tensión política y precedentes históricos
La administración de Paz ha endurecido su discurso, vinculando las movilizaciones con intentos de desestabilización impulsados por el expresidente Evo Morales, y advirtiendo que quienes atenten contra la democracia terminarán en prisión. Por el contrario, los sectores movilizados denuncian que el gobierno ha "traicionado" sus promesas populares para gobernar en favor de las minorías y los sectores empresariales.
La actual denuncia sobre el envío de gases desde Argentina revive el polémico precedente de 2019, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se enviaron municiones y material represivo tras la salida de Evo Morales, hecho que resultó en procesos judiciales y condenas para militares bolivianos. Actualmente, Pacheco busca coordinar con parlamentarios argentinos para cruzar información y profundizar la investigación judicial sobre estos nuevos vuelos.