El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) San Juan está en pleno proceso de definir cómo será el regreso de la denominada Operatoria Individual, una línea de asistencia financiera históricamente demandada por las familias de clase media que poseen un terreno pero carecen de la plata necesaria para edificar. En la actualidad, esta operatoria está suspendida debido a la falta de fondos, especialmente ante la drástica reducción de la coparticipación y el financiamiento nacional, que anteriormente representaba el 70% de los recursos del instituto. Sin embargo, la gestión orreguista decidió revivir este esquema dentro de la planificación para este 2026, asignando en el presupuesto provincial una partida de 9.948.462.000 pesos para otorgar préstamos destinados a la construcción de 300 nuevas soluciones habitacionales.
El escenario planteado por el Gobierno de San Juan es de cautela. Elina Peralta, titular del IPV, aclaró días atrás que si bien tenían proyectado activar estas 300 operatorias para el segundo semestre de este año, todavía se están ajustando las variables financieras para determinar su viabilidad real frente al fenómeno inflacionario. Esta preocupación es compartida por todo el Ministerio de Infraestructura, que lidera Fernando Perea, donde advierten que el regreso del plan depende directamente de que la recaudación provincial y el flujo de recursos de Hacienda permitan sostener el ritmo de inversión, dado que lo enviado por Nación a través del FONAVI es actualmente una cifra mínima que obliga a la provincia a realizar un complejo rompecabezas financiero para costear cada unidad.
Dentro de esta planificación, el orreguismo impulsa dos reformas técnicas fundamentales para adaptar el programa a la realidad económica actual. La primera gran modificación busca cambiar la cobertura del préstamo: mientras que la normativa anterior cubría el 80% de una vivienda de 80 metros cuadrados, la nueva resolución propone cubrir el 100% de una casa de 70 metros cuadrados. Esta decisión responde a que muchas familias no lograban alcanzar el avance de obra necesario por no contar con el ahorro previo para cubrir ese 20% restante. La segunda reforma consiste en reducir el límite de proyección de la vivienda de 200 a 150 metros cuadrados; Peralta explicó que si una familia tiene la capacidad de proyectar una vivienda de grandes dimensiones, se entiende que posee recursos propios, mientras que el IPV debe enfocar sus esfuerzos en aquellos sectores que hoy no logran generar el ahorro necesario para construir por su cuenta.
Además de estos cambios estructurales, se evalúan ajustes en la metodología de entrega de los fondos para evitar que la inflación paralice las obras. Una de las medidas en estudio dijeron fuentes calificadas, es pasar de cuatro a cinco desembolsos, permitiendo una actualización más frecuente de los montos entregados a los beneficiarios. Dada la alta demanda, que asciende a unas 100.000 familias inscriptas en el IPV, el Gobierno advierte que las adjudicaciones de estos créditos individuales podrían realizarse mediante sorteos televisados a través de la Caja de Acción Social para garantizar la transparencia y equidad en el acceso, tal y como se están adjudicando las casas de los barrios comunes.
Las casas del IPV hoy cotizan en alrededor de $100.000.000, en el formato de unidades dentro de barrios.
La meta para este 2026
Más allá de los créditos para construcción individual, el organismo mantiene un ambicioso desafío anual que Marcelo Orrego ha planteado para el presente ejercicio. La meta establecida es concretar la entrega de alrededor de 1.100 viviendas durante todo el año, lo que implica un ritmo de inauguración de uno o dos barrios por mes, dependiendo de los ajustes técnicos finales. Peralta destacó que, a pesar de que se recibieron muchas obras neutralizadas o con deudas de gestiones anteriores, hoy todos los barrios en ejecución están activos y sin deudas de certificados de obra, convirtiendo a San Juan en una de las primeras provincias del país en reactivar plenamente la obra pública de vivienda con recursos propios. Actualmente, el enfoque principal para cumplir este objetivo se centra en barrios que presentan avances de entre el 80% y el 90% en departamentos como Chimbas, Jáchal, Albardón, Angaco, Sarmiento y Ullum.
