El sector productivo sanjuanino recibió una noticia esperanzadora en un contexto económico donde los costos operativos representan un desafío constante para la rentabilidad. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan confirmó la puesta en marcha de nuevos beneficios fiscales que impactarán de manera directa en las explotaciones agrícolas a través de una significativa reducción en el costo de la energía eléctrica utilizada para el riego. Esta decisión se basa en la reciente Ley de Modernización Laboral, identificada como Ley 27.802, la cual establece un cambio profundo en la carga tributaria para el consumo energético del sector.
El impacto más relevante de esta normativa es la modificación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el suministro eléctrico en sistemas de riego, la cual desciende del 27% al 10,5%. Según las estimaciones oficiales, esta reducción impositiva se traduce en un ahorro promedio del 13% en el monto total de la factura de luz, lo que constituye un alivio financiero sustancial tanto para las grandes empresas agroindustriales como para los pequeños productores. El objetivo central de esta disposición a nivel nacional es mitigar el peso que el componente energético tiene dentro de la estructura de costos del servicio eléctrico dedicado a la producción.
Para asegurar que este beneficio llegue de forma efectiva a los usuarios, el Directorio del EPRE, junto con autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, inicia este viernes sesiones de trabajo técnico con representantes de las Cámaras Agroindustriales. En estos encuentros se definen las tareas necesarias para establecer protocolos de validación expeditivos que permitan el traslado inmediato del beneficio al costo final pagado por los regantes.
El compromiso de las autoridades incluye una supervisión estricta sobre las empresas distribuidoras de energía, a quienes el EPRE instruirá para adecuar sus sistemas de facturación. El proceso busca eliminar cualquier redundancia burocrática para que el descuento sea reflejado de manera directa y auditable en el medidor de cada productor beneficiario. Con esta articulación entre el gobierno provincial y el sector privado, se espera que la medida dinamice la competitividad del campo sanjuanino en el corto plazo.
