Este martes se conoció una resolución que volvió a poner los reflectores sobre el negocio del mosto y sus principales jugadores en la región. La Tercera Cámara de Apelaciones de Mendoza confirmó una condena por más de U$S 16 millones contra EcoGreen International LLC, Jugos Australes S.A. y su titular, el empresario vitivinícola Marcelo Bocardo. La causa se originó por un contrato incumplido con Iberte, la compañía que lidera el español Juan José Retamero, dueño de la mina de oro Gualcamayo en San Juan.
El tribunal concluyó que Iberte pagó completamente por el mosto concentrado que nunca recibió. La indemnización había sido fijada en un laudo arbitral en U$S 12,1 millones, pero con intereses acumulados por mora, la cifra ya supera los U$S 16 millones.
Pese a que Bocardo negó esos incumplimientos -incluso ya apeló un fallo anterior- la Cámara de Apelaciones no solo confirmó el perjuicio ocasionado, sino que además del monto económico, la sentencia avanzó sobre la responsabilidad personal al imponer una garantía prendaria sobre acciones de Bocardo, señalando que la estructura societaria no protege cuando el incumplimiento es grave y sostenido.
“Esto confirma que la mora reiterada configura un incumplimiento sustancial”, destacó el abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, en referencia al perjuicio determinado por la Justicia. La firma de Retamero ya adelantó que los fondos que logre recuperar -en este y otros procesos judiciales como el que mantiene con Fecovita- tendrán destino social a través de una fundación.
Un impacto que llega a Fecovita
Si bien el fallo involucra a una mostera, sus efectos irradian hacia San Juan. Iberte mantiene un litigio con la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), también operadora vitivinícola en la provincia a través de la bodega Resero. La denuncia sostiene que la firma española habría aportado más de U$S 30 millones para una sociedad (EVISA) que no cumplió con la entrega de vino y aportes comprometidos.
En mayo, la Cámara de Apelaciones de Mendoza dejó a directivos y ex directivos de Fecovita a las puertas del juicio oral, al ratificar las imputaciones por presunta estafa y abuso de confianza. Aguinaga trazó paralelos entre ambos casos: adelanto de recursos económicos que no se habrían correspondido con lo pactado.
Mientras la investigación penal avanza -y Fecovita insiste en que espera una resolución favorable en sede arbitral- el reciente fallo contra Bocardo refuerza los antecedentes en los que se apoya Iberte.
En este escenario, la disputa vuelve a poner sobre el tapete el complejo entramado judicial que mantiene en vilo al sector vitivinícola de las provincias de Mendoza y San Juan.
